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Un informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la sanidad pública en Andalucía con foto fija de 2013 ha suscitado numerosas críticas de la oposición y agentes sociales. El documento denuncia sueldos fuera de convenio en el caso de profesionales y ... por encima del límite establecido según la legalidad vigente en directivos, por importe todo ello de algo más de cinco millones de euros, cifrando en 2,2 millones de euros los abonados a un centenar de cargos medios en empresas públicas adscritas a la Consejería de Salud. El informe también confirma que sí hubo recortes de personal en los primeros años de la crisis en contra de lo predicado por los responsables del Gobierno andaluz: 7.773,44 empleados menos entre 2011 y 2013.
La nueva consejera de Salud de la Junta, Marina Álvarez, ya tiene tarea a la vuelta del curso político. Tanto PP como Podemos anunciaron ayer que pedirán su comparecencia en el Parlamento para que explique por qué la Junta no obedece las indicaciones de la Cámara de Cuentas y cursa la petición de devolución del dinero ingresado de más.
La portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo, exige una aclaración urgente a la consejera y recordó que su partido preguntó por los «pluses a los directivos de la sanidad andaluza» en la última sesión de control en el Parlamento. En declaraciones en Motril, recogidas por Efe, Crespo responde que Susana Díaz «dio la callada» por respuesta «porque sabía que iba a salir este informe de la Cámara de Cuentas».
El portavoz de Podemos en la Comisión de Salud del Parlamento, Juan Antonio Gil, exigió que Salud «se ponga a recuperar el dinero derrochado fruto del descontrol de la política de productividades de altos cargos» del SAS.
La secretaria de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior del PSOE-A, Beatriz Rubiño, defendió que los salarios de los altos cargos sanitarios fueron «absolutamente» fiscalizados por la Intervención General de la Junta y que aún se está a tiempo de que sean reclamados.
La consejera de Salud respondió que la Junta no pide la devolución por «una disparidad de criterios entre lo que valora la Intervención General de la Junta y la Cámara de Cuentas en el sentido de determinados complementos, que nosotros pensamos que son inherentes a los profesionales, porque son su desarrollo profesional y no deben de influir en el tope retributivo de los mismos». Álvarez alude al hecho de que muchos cargos intermedios trabajan además como facultativos incluidas guardias.
La Cámara de Cuentas recuerda en su informe que por ley la Junta de Andalucía estableció que ningún alto cargo debe cobrar más que el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, lo que situaba entonces el límite de los directivos en el sueldo de un consejero (63.808 euros brutos) para los gerentes de hospitales; y sueldos de viceconsejero (59.564,02 euros) hasta director general ( 55.277,23) para otros cargos tanto de la administración central, hospitales y agencias públicas.
Respecto a la pérdida de 7.773,44 empleos, más de la mitad de ellos en aplicación del aumento de jornada laboral de 35 a 37,5 horas ( 4.643,81) por imposición del Gobierno central, Marina Álvarez solo reconoce que se perdieron un millar de empleos aplicando las horas y no los puestos de trabajo como hace el informe de la Cámara. La Junta optó por reducir la jornada laboral y el salario un 25% a los interinos.
El órgano fiscalizador también denuncia la precariedad laboral, la contratación de los facultativos por meses sin ninguna garantía de continuidad. La consejera recuerda la convocatoria de más de cinco mil plazas en los últimos tres años y la estabilidad con la recuperación de la jornada completa de los interinos. Insistió en que muchas de las anomalías detectadas por el órgano fiscalizador ya han sido subsanadas en los últimos años.
La Cámara de Cuentas realiza su estudio mediante un muestreo, tocando en este caso a los hospitales Reina Sofía (Córdoba), Virgen de las Nieves (Granada), Regional de Málaga, Virgen del Rocío y Virgen Macarena (Sevilla). También al Servicio Andaluz de Salud (SAS), las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias (APEs) Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir, y la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, así como al personal del área de Salud de la consejería, que en 2013 aglutinaba políticas sociales y de igualdad.
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