La oposición convierte al exviceconsejero de Salud en ariete contra la Junta

En una muestra del cariz que ha alcanzado la polémica, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha sumado a la polémica para asegurar que se trata de una «puerta giratoria de libro» y lamentar que el dinero que tendría que haber ido a paliar «las enfermedades de los andaluces» haya acabado en una empresa.

La decisión de Guzmán de convertirse en ejecutivo de la aseguradora tres meses después de abandonar su puesto en la Junta cogió por sorpresa al Gobierno andaluz, que tras la salida de este alto cargo del equipo de la consejera, Catalina García, había anunciado que pasaría a desarrollar otra función en el organigrama de la Junta.

Después de que el portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández-Pacheco, reconociera el pasado martes de que se habían enterado por los medios de comunicación del fichaje de Guzmán por Asisa, este miércoles la propia consejera admitió que su ex número dos no comunicó con antelación su movimiento. «Hubiera sido mejor haber hecho una consulta previa para ver que no había ningún problema», dijo en una entrevista en Canal Sur.

La consejera no quiso adelantar qué decisión adoptará su departamento en relación a este asunto y aunque adelantó que actuará en consecuencia si se concluye que ha incurrido en alguna incompatibilidad, algo que estudiará la Consejería de Justicia, reclamó prudencia y que no se hagan juicios precipitados antes de que se confirme ese extremo.

No obstante, matizó que antes de incorporarse al equipo de la Consejería de Salud, primero como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la anterior legislatura y después como viceconsejero en la actual, Guzmán ya provenía del sector privado. «Las personas deben poder tener un retorno cumpliendo con la Ley», dijo García antes de preguntarse quién va a querer incorporarse al servicio público si al terminar no puede regresar al sector privado.

Para la oposición -con la única excepción de Vox, que se ha limitado a reclamar que se dilucide si ha habido incompatibilidad-, el caso supone sin duda un ejemplo de corrupción y de subordinación de los intereses públicos a los privados.

Quien más lejos llegó fue la portavoz socialista, Ángeles Férriz, para quien el Gobierno andaluz «parece más una banda que otra cosa» y además está ejecutando un plan para terminar con el sistema público de salud. Este plan, según la portavoz, se ejecuta en cuatro pasos: enviar dinero a las clínicas privadas, derivarle pacientes, degradar las condiciones de los sanitarios para que también se marchen y, por último, transferirle directivos. «El pelotazo es redondo», afirmó Ferriz, que volvió a pedir la dimisión de la consejera y la formación de una comisión de investigación en el Parlamento.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, criticó por tibio al Gobierno andaluz ante lo que, en su opinión, supone una «escandalera» y afirmar que Guzmán se ha marchado a una empresa a la que, afirmó, estuvo beneficiando arbitrariamente.

Adelante Andalucía, por su parte, ha llevado el asunto a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción por entender que Guzmán ha incumplido con la obligación de abstención a la que obliga la ley de incompatibilidades.