La oposición agita el debate sanitario alertando de privatizaciones en la Atención Primaria andaluza

La denuncia partió de la coalición de izquierdas 'Por Andalucía', cuya portavoz, Inmaculada Nieto, llegó a advertir de que la Junta prepara una orden que prevé permitir que empresas privadas utilicen centros de salud y hospitales públicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones concertadas con la sanidad pública.

Este extremo fue descartado por la consejera de Salud, Catalina García, que aseguró que el Gobierno andaluz «no va a privatizar absolutamente nada en la sanidad pública andaluza, no lo va a hacer, ni en sus centros, ni en atención primaria ni hospitalaria y lo que está sucediendo es lo contrario».

Catalina García tildó esta denuncia de «electoralista» en un año con cita con las urnas en mayo y añadió que «en campaña no todo vale», apelando a la «sensatez» y lamentado que «se lancen mensajes que puedan incurrir en error a la población ya que es muy peligroso».

La consejera puso de relieve la apuesta «decidida» del Ejecutivo andaluz por la sanidad pública a la que dedica «el mayor presupuesto de la historia, con 4.000 millones más, 30.000 profesionales más que en 2018 y con la puesta en marcha de 34 nuevas instalaciones desde 2019».

La titular de Salud explicó que la orden denunciada por la formación de izquierdas «está modificando actualmente y regula unas tarifas del año 1998 y ahora se van a mejorar estableciendo un precio máximo para aquellos casos en los que el SAS tenga un concierto y tenga que sacar fuera del servicio una prueba diagnóstica. A este respecto, señaló que se va a mejorar esta regulación ya que «se ha incluido todo lo que no había, como radioterapia o salud mental».

Sin embargo, Por Andalucía considera que esta norma permitirá por primera vez en la historia concertar con clínicas privadas la atención primaria, estableciendo los precios que pagará el SAS por estos servicios.

En concreto, el anexo de tarifas de dicha orden establece un pago de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas que serían aplicables en el caso de llevarse a cabo en instalaciones de clínicas privadas, según la coalición de izquierda, que precisa además que «se fija también la cuantía para que las empresas privadas realicen en la propia red sanitaria pública los actos clínicos que previamente les haya derivado el SAS».

.Inmaculada Nieto sostiene que esta iniciativa supondría «un golpe durísimo al SAS y sus profesionales y a toda la ciudadanía» y acusa al Gobierno andaluz de «estar preparando la entrada de empresas privadas a hacer su trabajo en los centros sanitarios públicos».

Polémica

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, también se pronunció ayer sobre esta polémica y exigió «una explicación pública» al Gobierno andaluz para aclarar si está planteando «un cambio de modelo y una privatización clara de la atención primaria en de la sanidad pública». Ante la esta realidad sanitaria, Espadas dijo que «hay dos posibilidades, o bien se está gestionando peor o es que sencillamente caminamos hacia otro modelo con una Atención Primaria de segunda y otra con Atención Primaria privada sostenida con fondos públicos».

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, advirtió también de que se abre «una autopista a las empresas privadas para seguir recorriendo esa línea de deterioro del Sistema Andaluz de Salud».

Por último, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, resaltó el esfuerzo del Gobierno de Moreno en sanidad y criticó «los conciertos millonarios heredados la época socialista que no tienen ningún tipo de sentido y ahora queremos regular».