El nuevo paquete fiscal de la Junta sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con los impuestos más bajos de España

Las nuevas medidas sitúan a Andalucia como la segunda comunidad con menor fiscalidad, sólo por detrás de Madrid. En esta lista no se incluye al País Vasco, acogida al régimen foral.

El decreto ley, presentado por la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, entrará en vigor esta semana con su publicación en el BOJA, aunque deberá ser posteriormente refrendado por el Parlamento, incluye modificaciones en la tributación que afectan al IRPF e incluye la supresión del Impuesto Sobre el Patrimonio y del canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, el conocido como el canon del agua.

La suspensión del canon del agua sólo durante el proximo ejercicio supondrá un ahorro global estimado de 140 millones de euros para familias y empresas. El Gobierno andaluz ha adelantado que la medida, que se comenzará a aplicar en 2023, no va a afectar a la ejecución de las infraestructuras hidráulicas en marcha y que incluso se podrán licitar nuevas actuaciones gracias al remanente de recaudación de 551 millones generado durante las legislaturas anteriores a la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía. En esos años, explicó España, no se invirtieron las cantidades recaudadas por este concepto, ya que se recaudaron más de 700 millones y sólo se ejecutaron en torno a 150 millones..

Las medidas fiscales que afectarán a un mayor número de contribuyentes, especialmente a las de rentas más bajas, serán las relativas al IRPF, que incluyen la deflactación de los primeros tramos de la tarifa autonómica y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación. El 82% de los contribuyentes andaluces tributa dentro de los tres primeros tramos del IRPF, que son los que se van a deflactar. La medida se aplicará a partir de este ejercicio, con lo que se aplicará en la declaración de la renta que se hace en 2023, y supondrá un ahorro fiscal de 122 millones de euros.

La deflactación supone una modificación de los tramos de tributación. Esto supone, explica la Junta, un incremento salarial, que en ningún caso podrá compensar la fuerte subida de la inflación, implique una mayor tributación para el contribuyente. La medida permite también mantener fuera de la tributación la parte de la renta destinada a cubrir las necesidades básicas que, también por la inflación, es mayor de lo que ha sido en años anteriores.

Los últimos datos que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado sobre variación salarial pactada en los convenios colectivos sitúa en el mes de agosto la subida interanual en el 2,6%. El Gobierno andaluz, teniendo en cuenta que la espiral inflacionaria se mantendrá, ha elevado esa cifra hasta el 4,3%, porcentaje que coincide con el incremento interanual de los costes salariales, según la encuesta trimestral del INE.

De esta forma, la medida consiste en aumentar los primeros tramos de tributación del IRPF en un 4,3% . Ello evita que el contribuyente se vea obligado a tributar en un tramo superior por un incremento salarial motivado por la inflación, pero que no supone un aumento real de la capacidad adquisitiva.

En este sentido, la deflactación de los primeros tramos del IRPF tendrá dos consecuencias directas. La primera, que los contribuyentes con rentas más bajas van a seguir tributando dentro del mismo tramo, aunque su salario aumente; y la segunda, que todos aquellos contribuyentes que no vean incrementado su salario, con independencia de su nivel de ingresos, tributen según un tipo medio efectivo más bajo que hasta ahora.

Asimismo, se amplían en la misma proporción (4,3%) los mínimos personales y familiares por los que no se tributa en el IRPF, ya que esa parte de la renta, destinada a atender las necesidades básicas de los contribuyentes y sus familias, está aumentando a consecuencia de la inflación. El Gobierno andaluz considera necesario aumentar estos mínimos exentos de tributación, para no contribuir al empobrecimiento de la población.

El decreto ley aprobado este martes, como ya anunció Juanma Moreno, contempla también la supresión en la práctica del Impuesto sobre el Patrimonio mediante la bonificación del 100% de la cuota. Se utiliza la figura de la bonificación, y no de la supresión, porque al tratarse de un impuesto cedido, sólo el Gobierno central tiene la competencia de eliminarlo.

Carolina España aseguró se trata de un impuesto que frena la economía y ahuyenta a los contribuyentes, por lo que su supresión hará de Andalucía una tierra más competitiva. Señaló en ese sentido que el objetivo es atraer a nuevos contribuyentes y que esta comunidad autónoma se convierta en la residencia fiscal de más ciudadanos de alto poder adquisitivo. El Gobierno andaluz fundamenta su decisión en que muchos de estos potenciales contribuyentes ya viven en Andalucía, pero no tienen aquí su residencia fiscal aquí. Si la tuvieran, estarían obligados a tributar por el conjunto de sus bienes en todo el mundo, lo que ya no sucederá a partir de la entrada en vigor de las nuevas medidas

La Junta estima que el Impuesto sobre el Patrimonio representa apenas un 0,6% de los ingresos tributarios de la comunidad, en torno a 95 millones de euros. La bajada recaudatoria por la supresión del Impuesto de Patrimonio se puede paliar, según sus cálculos, con el incremento de contribuyentes previstos en IRPF, como ya ocurrió cuando se bonificó el 100% de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los parientes de los grupos I y II. En aquella ocasión Andalucía multiplicó por cuatro en el IRPF la cantidad que se dejó de recaudar por la supresión de este impuesto.

El Gobierno andaluz valora que el Impuesto sobre el Patrimonio está considerado una anomalía en países avanzados. En el ámbito de la OCDE, además de en España, sólo pervive en Noruega y Suiza. El hecho de que en nuestro entorno inmediato, incluida la comunidad de Madrid, no exista, ha hecho que el Impuesto sobre el Patrimonio «se comporte con un freno a la hora de que potenciales contribuyentes instalen su residencia fiscal en Andalucía».

Estas medidas de reducción fiscal, que suponen un ahorro fiscal de 360 millones de euros, se suman a las aprobadas durante la anterior legislatura, por un total de 540 millones. La mayoría de las medidas entran en vigor en este ejercicio.

El decreto aprobado contempla también el incremento del plazo máximo para aplazamientos y fraccionamientos de las deudas contraídas por ciudadanos, empresas e instituciones con la Junta de Andalucía, hasta 12 años con carácter general.

El objetivo, en línea con el resto de las medidas incluidas en el decreto ley, es dar facilidades de pago en un contexto de desaceleración económica. Hasta ahora, el plazo máximo que se venía aplicando, condicionado a una serie de requisitos, era de diez años.