El nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, el magistrado José Antonio Gómez Díez, ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el PSOE andaluz contra el auto en el que se rechazaba la ampliación de la querella de los socialistas por ... el uso «inadecuado» del procedimiento excepcional para realizar contratos sanitarios de emergencia vinculados a la pandemia de Covid-19, un auto que había sido dictado por el anterior titular de esta instancia judicial, Javier Santamaría.
En un auto, el nuevo magistrado del caso aborda un recurso de reforma del grupo socialista, subsidiario de apelación ante la Audiencia de Sevilla, contra el auto emitido el pasado 7 de enero por su antecesor, inadmitiendo ya la nueva ampliación de querella promovida por los socialistas,
A la hora de rechazar la nueva ampliación de la querella planteada por los diputados socialistas, el juez alega que «los contratos suscritos por las diferentes plataformas logísticas sanitarias de contratación o centrales provinciales de compras tienen la gestión en los centros sanitarios de las respectivas provincias».
El magistrado precisa que, de este modo, «la competencia para conocer de cada uno de dichos contratos corresponde al Juzgado de Instrucción de la provincia correspondiente por ser el lugar donde se dicta la supuesta resolución, se suscriben los contratos e incluso en ese ámbito territorial despliegan los efectos».
Pese a este rechazo judicial a la ampliación de la querella por parte del PSOE, su portavoz adjunto en Andalucía, Josele Aguilar, aseguró que «el caso no se está desinflando y continúa adelante, incluso con una solicitud del juez instructor de importante documentación al Tribunal de Cuentas».
Josele Aguilar puso de relieve que «en ese último auto el nuevo juez instructor de esta causa no ha determinado que no haya irregularidades en las provincias a la hora de hacer las contrataciones en cada uno de los distritos sanitarios, sino que lo que ha venido a ratificar es que la competencia para la instrucción, la investigación y, en su caso, el enjuiciamiento de esas posibles irregularidades que hemos denunciado y que se han dado les corresponde, lógicamente, a los jueces de cada una de estas provincias».