El nuevo Ejecutivo de la Junta se estrena con una ofensiva judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Con el reclamo de un nuevo sistema de financiación en el centro de la agenda política andaluza, el acuerdo entre ambas fuerzas catalanas con el aval del PSOE amenaza con convertirse en la principal cuestión de controversia entre los gobiernos andaluz y central. Sin conocer todavía los detalles del texto, que se difundía al mismo tiempo en que comparecía por primera vez en su calidad de portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España subrayó que la salida del régimen común tiene «efectos catastróficos» para Andalucía y para España y supone, en su opinión, el primer paso para la independencia catalana y su desconexión del resto de España.

Para la portavoz de la Junta, lo contemplado en ese acuerdo en relación con el régimen fiscal no está contemplado en la Constitución y por lo tanto supondría una ruptura del régimen político amparado en la ley fundamental y de los principios consagrados en la misma de igualdad, solidaridad y cohesión.

España le puso cifras a lo que supondría la creación de un cupo catalán: 32.000 millones de euros que dejarían de nutrir a las haciendas del resto de las comunidades autónomas. La también consejera de Economía y Hacienda dijo que este acuerdo haría saltar por los aires el actual sistema de financiación y se preguntó qué van a votar los socialistas andaluces cuando la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) llegue al Congreso de los diputados.

Con el más que posible recurso de inconstitucionalidad contra este acuerdo ya sobre la mesa, la consejera se refirió a otro recurso, el que la Junta presentará contra la ley de amnistía. Explicó que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido un informe en el que considera fundada la interposición del mismo, ya que la norma cuestionada vulnera varios artículos de la ley fundamental, entre ellos el 66.2, que fija las funciones del Congreso de los Diputados, entre las que no figura la concesión de amnistías; el 117.1, que establece el principio de separación de poderes ; el 14, que consagra la igualdad de los españoles ante la ley, y el 9.3, que garantiza la seguridad jurídica.

Además, el Consejo de Gobierno de la Junta, según explicó la portavoz, ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de la Presidencia por la que se autoriza al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la inactividad del presidente del Gobierno al incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos, iniciativa anunciada por Juanma Moreno la semana pasada pero que se ha materializado ahora.

Después de que la última Conferencia de Presidentes se celebrara en marzo de 2022, desde noviembre del año pasado la Junta de Andalucía ha venido reclamando insistentemente al presidente del Gobierno que convoque este órgano -cuyo reglamento establece que debe reunirse dos veces al año- para abordar diferentes cuestiones, entre ellas la reforma del sistema de financiación autonómica.