Las nuevas cesiones de Sánchez a Junts ahondan la brecha entre el Gobierno y la Junta

Además, también se encuentra sobre la mesa la posibilidad de que se adopten medidas para incentivar el regreso a Cataluña de las empresas que decidieron marcharse como consecuencia del 'Procés'. Aunque la mayor parte se instalaron en las comunidades vecinas -Aragón y sobre todo la Comunidad Valenciana-, Andalucía también se benefició de este movimiento, con unas 750 sociedades que fijaron su sede en esta comunidad.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, advirtió de que Andalucía defenderá «con uñas y dientes» la libertad de estas empresas para seguir en Andalucía si así lo desean. En la Junta consideran que la estabilidad que ofrece esta comunidad es uno de sus principales activos y llevan a gala el aumento de la inversión como uno de los principales logros desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta hace cinco años. Cualquier decisión del Gobierno de España que implique favorecer a Cataluña para que estas empresas se marchen sería considerada una acción hostil hacia Andalucía.

En medio de este clima de tensión, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezó este viernes la contraofensiva gubernamental que intenta paliar el desgaste que las cesiones al nacionalismo catalán están causando en Andalucía. Montero participó en un encuentro informativo de la cadena Ser, en donde depositó en el Partido Popular la responsabilidad de que no se haya afrontado todavía la reforma del sistema de financiación autonómica.

Montero aseguró que por parte del PSOE y del Gobierno sí hay voluntad de afrontar esta reforma, pero que esa intención colisiona con la negativa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse en una mesa de diálogo.

Según la vicepresidenta, el PP no quiere adoptar una posición sobre la financiación y por ese motivo sus presidentes autonómicos reclaman que se acuerde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano que según Montero no tiene capacidad de acordar un nuevo modelo. «Es una ley orgánica que votamos en el Congreso los partidos, no los territorios», subrayó.

En esa línea, aludió a las diferencias de criterio que varios presidentes autonómicos del PP han evidenciado sobre este asunto. «Que Moreno Bonilla se ponga de acuerdo con Ayuso y con Galicia. ¿A que no se pone de acuerdo?», ironizó.

La vicepresidenta se refirió también a la condonación de la deuda del FLA pactada con Cataluña y que también se aplicará a otras comunidades. Avanzó que esto se hará mediante una fórmula matemática compleja mediante la que se estimará en cuánto se tuvieron que endeudar las comunidades por no recibir fondos suficientes del Estado debido a los recortes aplicados por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica de la década pasada. Adelantó que la Junta de Andalucía dirá que le parecerá poco. «Nunca Moreno Bonilla va a reconocer el auxilio del Gobierno de España a Andalucía –afirmó-. Sólo le he escuchado confrontación, ni una propuesta».

El consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, replicó a la vicepresidenta reclamándole que se comprometa con los andaluces y garantice una financiación justa, al tiempo que le advirtió de que Andalucía «no se va a conformar con las migajas» de lo que quede tras la negociación del Gobierno con los partidos independentistas.

Señaló que Andalucía «necesita una financiación justa que le permita prestar los servicios públicos de manera correcta». En su opinión, Montero perdió este viernes una oportunidad para hacer «lo que decía como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y que ahora niega».