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El Gobierno andaluz y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) confían en que la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), aprobada recientemente, contribuya a la recuperación económica de Andalucía para superar la crisis Covid, según coincidieron en ... poner de manifiesto la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, y el presidente de la patronal, Javier González de Lara, que mantuvieron una reunión de trabajo para abordar dicho proyecto que comienza ahora su trámite parlamentario.
El presidente de la patronal andaluza dijo que la nueva norma ofrece un «compromiso con la sostenibilidad y el cambio climático y supone una oportunidad para la reconstrucción del escenario pos-Covid si, en efecto, avanza en la eliminación de trabas y en la agilidad administrativa que tanto necesitan en este momento nuestras empresas, pymes y autónomos». Este aspecto es uno de los más importantes para el empresariado andaluz ya que «existe la necesidad de simplificar los trámites urbanísticos porque el retraso excesivo en la aprobación de proyectos relevantes provoca, en numerosas ocasiones, el abandono de grandes inversiones».
Según la CEA, «los informes sectoriales son excesivos y agotadores, por lo que hay que simplificar y acortar los plazos que es una vía de apoyo a la inversión en Andalucía». González de Lara afirmó que esta ley llega «casi veinte años después de la discutible LOUA, que ha traído de cabeza a los promotores, a los propios ayuntamientos y a los particulares».
El presidente de la CEA y la consejera de Fomento y el presidente de CEA mantuvieron un encuentro con medio centenar de empresarios de sectores como Promotores, Hoteleros, Industria, Energías Renovables, Urbanismo, Vivienda y Turismo, entre otros, para conocer con detalle este proyecto normativo.
Según González de Lara, «los territorios compiten entre sí por su calidad de vida, sus infraestructuras y fiscalidad, pero también por su legislación urbanística, la eficiencia de su Administración y las cargas burocráticas, por lo que necesitamos hacer de nuestra comunidad una tierra más competitiva y atractiva para la inversión, con una burocracia y una Administración alineadas con la iniciativa privada, ya que la recuperación económica exige seguridad jurídica».
Marifrán Carazo se mostró convencida de que la ley «ayudará a la recuperación económica mediante normas claras y sencillas que contribuirán a agilizar trámites y animar la llegada de inversiones». Asimismo, calificó la ley de «moderna» y avanzó que «aportará seguridad jurídica, minimizará los tiempos de aprobación de los planes urbanísticos y reducirá los trámites para que las empresas puedan desarrollar en el mínimo tiempo posible sus proyectos siempre que sean viables social, medioambiental y económicamente».
La consejera agradeció el trabajo y las aportaciones de los empresarios realizadas durante la redacción del texto, a la par que ha animado a sus representantes a que sigan colaborando en la tramitación parlamentaria para lograr que la nueva ley obtenga el máximo consenso.
A su juicio, «la nueva ley eliminará trabas innecesarias sin dejar de lado el necesario control», frente a la situación actual en la que un promotor que quiera iniciar un proyecto tiene que sortear 235 textos legales». Además, dijo que la norma «no es permisiva y, de hecho, refuerza la disciplina urbanística con la creación de un cuerpo de subinspectores, además de incorporar medidas de protección al medioambiente«.
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