El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó este martes el acuerdo por el que se inicia la tramitación del anteproyecto de la nueva ley ... para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), un texto que reemplazará a la actual ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, vigente desde 2007. La principal novedad que aportará el nuevo texto va en línea con los criterios de simplificación administrativa impulsados por el Gobierno andaluz que pretenden agilizar los procesos para la concesión de licencias.
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Los objetivos que se plantea el anteproyecto, que la Junta pretende convertir en ley antes de que de acabe la actual legislatura son fijar la planificación de referencia para las políticas ambientales de Andalucía, simplificar y agilizar los instrumentos de prevención y fomentar la sostenibilidad, la innovación en materia ecológica y la Investigación y Desarrollo medioambiental, según explicó la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García.
Según la consejera, con la nueva ley se aspira a dar respuesta a las necesidades actuales y futuras en materia de protección medioambiental, y adaptarse a la legislación nacional y europea aprobada desde 2007.
Así, señaló que la LEGAM tiene como objetivo impulsar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura. Este anteproyecto aborda varios objetivos fundamentales, según García, entre los que se incluyen la actualización y armonización de la normativa andaluza con la legislación nacional y europea y la agilización de los trámites administrativos, mediante la revisión y mejora de los instrumentos de prevención y control ambiental.
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Asimismo, incorpora criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones y la prevención de impactos ambientales, estableciendo mecanismos efectivos de corrección y compensación, además de la garantía de acceso a la información ambiental y la promoción de la participación pública en los procesos de evaluación y toma de decisiones.
De igual modo, la LEGAM introducirá importantes innovaciones, como la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental y reduce el plazo de resolución a tres meses. Esta medida, junto con la disminución de las categorías que requieren licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, busca reducir la carga administrativa tanto para los ayuntamientos como para las empresas.
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