La nueva controversia entre la Junta y María Jesús Montero tiene cifra: 160 millones de euros al mes

Ya el año pasado, al demorarse la actualización como consecuencia de la no aprobación de los presupuestos, la Junta de Andalucía tuvo que enfrentarse a este problema. Entonces, las entregas a cuenta tardaron seis meses en actualizarse debido a la falta de crédito. Durante todo ese tiempo se retuvieron 950 millones de euros que mermaron las cuentas de la Junta.

El problema se vuelve a presentar ahora al no aprobarse el texto que incluía la actualización. Por ese motivo, el Gobierno andaluz reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no se excuse en el rechazo a su decreto y que utilice los recursos a su alcance para solucionar el problema.

El pasado miércoles, una vez consumado el fracaso parlamentario del Gobierno, el ministro de Transporte, Óscar Puente, colgó en su cuenta de X una tabla en la que señalaba las cantidades que perdía cada comunidad -1.828 millones de euros en el caso andaluz, aunque la Junta estima que pueden ser cerca de 2.000 millones- y responsabilizaba al PP por haber votado en contra del decreto omnibus.

En la Junta consideran que esta posición supone un chantaje del Gobierno a las comunidades autónomas y advierten de que el Ejecutivo cuenta con instrumentos para actualizar las cantidades aunque su decreto no haya prosperado. «Las cantidades de las entregas a cuenta del sistema de financiación no las decide el Gobierno, sino que la forma de calcularlas obedece a criterios establecidos en la ley vigente; no cumplirlo sería una ilegalidad», señala la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.

La consejera advierte también de que lo que no se ha aprobado al no salir adelante el decreto ómnibus son las actualizaciones de 2024 con respecto a 2023, pero no se incluían las de 2025, lo que en su opinión demuestra la falta de seriedad del Gobierno.

Según España, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que arbitrar algún mecanismo para la actualización de estas entregas como ya hizo el año pasado. En esta caso, la portavoz de la Junta reclama que se elabore un decreto única y exclusivamente para este fin que no esté vinculado a otras medidas para las que el Ejecutivo no cuenta con respaldo parlamentario suficiente, como la subida de impuestos.

La consejera sostiene que Andalucía tiene una situación de tesorería saneada que le permitirá aguantar lo que considera un pulso del Gobierno, pero esta situación, en su opinión, puede ocasionar falta de liquidez a otras comunidades autónomas menos saneadas.

Por su parte, desde su posición de vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero responsabilizó al PP y al resto de los partidos que votaron contra la aprobación del decreto la situación que se ha creado y aseguró que el Gobierno volverá a estudiar cuáles son las materias que suscitan mayor consenso,

En relación con las entregas a cuenta, recordó que la aprobación del texto propuesto por el ejecutivo hubiese supuesto 10.000 millones de euros más para las comunidades autónomas y lamentó la estrategia de la oposición "El objetivo era, simplemente, infringir una derrota parlamentaria porque creen que, de esa manera, haciendo una oposición destructiva, sin reconocer la legitimidad de los resultados electorales, van a conseguir avanzar a alguna posición", afirmó antes de preguntarse si el modelo del PP consiste en que las comunidades autónomas no tengan más recursos.