La negociación presupuestaria se allana con Vox y encalla con la oposición

Todos los grupos parlamentarios fijaron su posición actual sobre esta negociación por anticipado de las cuentas, a la que solo se ha prestado Vox como no podía ser menos en su papel de aliado de legislatura del gobierno. No en vano ni PSOE-A ni Adelante Andalucía se han sentado a dialogar con el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, en la primera ronda de contactos previa de esta semana.

Solo la formación que lidera Santiago Abascal se reunió con el consejero, encuentro en el que mostró su disposición a cerrar un acuerdo pese a que solo le trasladaron los números gruesos y las líneas maestras de esas cuentas, por lo estarán expectantes hasta conocer las cifras el próximo viernes para comprobar si se da cumplimiento a los 37 puntos del acuerdo de investidura suscrito con el PP-A, según apuntaba su portavoz en la Cámara autonómica, Alejandro Hernández, que avanzó que estarán también muy pendientes de los números relativos a la violencia intrafamiliar y a las subvenciones a instituciones y asociaciones que no son de utilidad pública.

Los partidos de la oposición parlamentaria, PSOE y Adelante Andalucía, coincidieron en rechazar los presupuestos por su profundo desconocimiento de los mismos y aseguraron que así es imposible analizar ni debatir nada. Así el portavoz de su grupo Socialista, Mario Jiménez, exigió más rigor y seriedad al Gobierno, ya que los presupuestos se comienzan a negociar una vez que se aprueban y se conocen y no buscar una reunión como excusa para sentarse a negociar con la extrema derecha.

Jiménez lamentó que no ha habido contacto formal del Gobierno con los socialistas, «sino que a través de alguien que ni conocemos se nos dijo que el Gobierno quería hablar en abstracto sobre los presupuestos con nosotros». De entrada, el partido que lidera Susana Díaz dice no a las cuentas «porque lo único que se conoce de ellas son sus bases fiscales que reflejan una bajada de impuestos para los 300 andaluces más ricos y una subida del coste de los servicios públicos, apuntó su portavoz. Con todo, se mostró a la espera de conocer sus detalles para estudiarlo y así poder fijar una posición más concreta sobre los mismos.

En similares términos se pronunciaba también el portavoz de Adelante Andalucía y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que se declaró abierto a abordar un debate presupuestario serio pero después de su aprobación por el Gobierno y su remisión a Parlamento para conocer de esta forma el texto completo. Por ello tildó de «postureo» de esta oferta de diálogo previo cuando el Gobierno andaluz solo ha lanzado unas píldoras del presupuesto para intentar crear un estado de ánimo favorable a estas cuentas.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, criticó el ánimo destructivo de la oposición que parece estar ya construyendo su relato para el rechazo de los presupuestos y frente a ello remarcó la política de mano tendida del gobierno para buscar el máximo consenso posible para su aprobación.

Por ello, Nieto insistió en pedir a PSOE-A y Adelante Andalucía una postura constructiva para intentar propiciar una acuerdo como el alcanzado para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria y censuró que declinaran reunirse con el consejero de Hacienda. Con todo, el portavoz de los populares se mostró esperanzado en el trámite y debate parlamentario para poder llegar a acuerdos e incorporar propuestas y sugerencias de la oposición en estos presupuestos que tienen margen de mejora para lograr así el máximo respaldo posible a los mismos.

Por último, el portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, elogió los presupuestos que son progresistas y ponen el acento en lo social con incrementos en áreas como la sanidad y la educación, por lo que defendió que son unas cuentas difíciles de rechazar.

El presupuesto general de la Junta para 2019 ascenderá a 36.465 millones, con un crecimiento global que roza del 4,9%, con un aumento superior a los 1.700 millones, de los que un millar se destinará a sanidad, educación y políticas sociales, según se ha anunciado en las últimas semanas por parte del Gobierno andaluz.