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La Junta de Andalucía irá al Constitucional cuando el Gobierno apruebe el impuesto a las grandes fortunas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, así lo confirmó ayer en Almería, donde aseguró que el nuevo tributo de solidaridad supone «un ataque grosero» a la autonomía.
Para Moreno, el Ejecutivo central emplea de manera improvisada desde el punto de vista legislativo para incorporar mediante una enmienda a os Presupuestos Generales del Estado este nuevo impuesto, al que considera un ataque directo y frontal al Estado de las Autonomías. El Gobierno anunció que crearía este tributo inmediatamente después de que Moreno anunciara la supresión del Impuesto de Patrimonio en Andalucía. Con ese movimiento, los efectos de la iniciativa fiscal adoptada por la Junta quedaría fácticamente anulados.
Por ese motivo, Moreno asegura que el Gobierno de Sánchez ha actuado sin respetar a la Comunidad Autónoma de Andalucía y su Estatuto de Autonomía, por lo que una vez que la enmienda sea pública y el Gobierno andaluz tenga acceso a la misma se presentará la enmienda que, según el presidente, tendrá como objetivo «evitar un atropello a nuestra autonomía y nuestra capacidad de Gobierno».
Al mismo tiempo que el presidente de la Junta hacía estas declaraciones en Almería, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, defendía desde la localidad gaditana de San Fernando ese mismo impuesto afirmando que «estas figuras fiscales responden a la voluntad del Gobierno de hacer un reparto más equitativo de las cargas con motivo de la crisis derivada de la invasión de Ucrania». Así, Montero contraponía la gestión de la actual crisis por parte del Gobierno con la manera en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy afrontó tras su llegada al poder en 2011 la crisis financiera iniciada en 2008.
La ministra indicó que durante aquella crisis financiera «las recetas que se aplicaron fueron los recortes de los servicios públicos, la precariedad en las condiciones laborales, la no subida de las pensiones o del salario mínimo». Por el contrario, sentenció, este Gobierno «ha dicho desde el primer momento que esta crisis había que gestionarla de forma distinta para no generar desigualdad, que es un elemento de lastre económico».
En ese objetivo ha enmarcado el nuevo tributo, ya que se pide una mayor aportación a las empresas energéticas y a la banca, que presentan unos resultados récord en sus cuentas de resultados, y también a las fortunas que superan los tres millones de euros.
«Se ha incorporado en el proyecto de ley que ya estaba en marcha el impuesto de las grandes fortunas desde la capacidad del poder legislativo, que es a quien corresponde impulsar las leyes en el país», dijo la ministra, que garantizó que la recaudación íntegra de todas esas nuevas figuras fiscales se destinarán a financiar las medidas para paliar la situación de las familias.
Para Juanma Moreno la reforma del Código Penal que rebajará la pena por el delito de sedición constituye una deslealtad con los españoles que sólo beneficia a Pedro Sánchez y «a los que intentan romper España». Así lo manifestó el presidente de la Junta en su cuenta de Twitter. Anteriormente, el presidente señaló que se trata de «un pago más con los independentistas que supone que el señor Puigdemont pueda volver de rositas a su casa».
El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, se ha alineado por su parte con las tesis oficiales de su partido para asegurar que se trata una homologación «al Derecho comparado, a la legislación en esta materia de los países de nuestro entorno». En su opinión se trata de «una cuestión que se comprometió a desarrollar el Partido Socialista».
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