Juanma Moreno prevé una legislatura difícil y de resistencia a las cesiones de Sánchez al nacionalismo

Este debate, que se ha cerrado con la aprobación de las propuestas de resolución, ha dejado claro que la agenda política nacional ha entrado de lleno en la andaluza y condicionará decisivamente su desarrollo en el futuro inmediato. Moreno vaticinó tiempos difíciles, con una legislatura compleja por delante, y llegó a comparar las consecuencias de inestabilidad que se derivarán del pacto de Sánchez con los nacionalistas catalanes y vascos con las de la pandemia o la guerra de Ucrania. La diferencia, dijo, es que estos dos acontecimientos fueron externos, mientras que el acuerdo para la investidura del presidente del Gobierno obedeció a una decisión política, «a diferencia de un tsunami o la erupción de un volcán».

Ante ello, señaló que la defensa de Andalucía y de la igualdad de trato para todas las comunidades autónomas serán prioridades para la Junta y que en ese sentido el Gobierno andaluz hará una labor de pedagogía con los ciudadanos. Es decir, que este asunto estará en el centro del discurso político de la Junta durante los próximos meses.

Moreno alertó especialmente del impacto económico que tendrá estos pactos para la comunidad autónoma, que tendrán que asumir todos los ciudadanos bien con más impuestos o con deuda que acabarán pagando las generaciones venideras. Por ello, pidió al PSOE que «reaccione y alguna vez levante la voz y le pare los pies a la tentación de Sánchez de arruinar el futuro de los andaluces». En esa línea, mostró su sorpresa por que no haya nadie en las filas del PSOE, más allá de algunas de sus figuras históricas, que se distancia públicamente de lo que considera «un disparate colosal».

Ante esa situación, señaló que los socialistas se equivocan sin creen que el Gobierno andaluz va a mirar para otro lado mientras se negocia en Suiza el futuro de esta comunidad y que hará todo lo que esté en su mano, por la vía institucional y también judicial, para evitarlo. Subrayó además lo que considera carácter clandestino de estas reuniones, que se celebran «en un país extracomunitario, a más de 1.500 kilómetros de España y con un prófugo de la justicia», lo que constituye, aseguró, una anormalidad institucional.

El presidente defendió que este asunto forme parte de la agenda andaluza porque en su opinión la factura de los pactos tendrá que afrontarla el conjunto de los españoles y Andalucía es la comunidad donde más españoles residen.