Juanma Moreno intenta romper el bloqueo sobre Doñana con una oferta de «reuniones discretas»

Tras haber volcado todos su recursos en esta polémica, en Moncloa parecen verse cerca de conseguirlo, según se desprende de las declaraciones que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, formuló este miércoles mientras visitaba la Feria de Sevilla. «Es importante que en estos días el Gobierno de la Junta revierta la situación, que rectifique esa decisión», dijo tras calificar de populista y demagógica la propuesta que se tramita en el Parlamento de Andalucía.

También el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, insistió en esa dirección y consideró que a Juanma Moreno le ha llegado el momento de «reconocer el gran error que cometió y parar«. En su opinión, »lo sensato es abandonar la Proposición de Ley, que la paralice y la retire«.

Otra ministra, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se mueve de su posición: para sentarse a hablar con la Junta exige como condición previa la retirada de la ley. Este miércoles, al ser consultada sobre una nueva oferta de diálogo del presidente de la Junta, la vicepresidenta tercera del Gobierno reaccionó con cajas destempladas. «La última vez llamé yo; si quiere llamar él, que llame».

Esa fue la reacción de Ribera a la nueva propuesta que Moreno ha puesto sobre la mesa para desbloquear la situación: reuniones «discretas» entre la Junta y el Gobierno en las que se busquen alternativas «imaginativas» para los agricultores que demandan la regularización de sus tierras de cultivo. Entre estas opciones citó como posibilidades la permuta de terrenos fuera del preparque para que los agricultores puedan continuar con su actividad. Esta propuesta, a la que el presidente de la Junta aludió en una entrevista en Antena 3, partió del que fuera vicepresidente del Gobierno y durante años presidente del Patronato de Doñana, el socialista Alfonso Guerra.

Moreno también pidió algo que a estas alturas se presenta como imposible, que la proposición de ley sea retirada del debate político, y lamentó la temperatura, insultos incluidos, que ha alcanzado la controversia sobre esta cuestión. En esa dirección, criticó que Pedro Sánchez Sánchez utilice Doñana de forma «torticera» y como estrategia electoral para las elecciones del 28 de mayo. Insistió en su tesis de que «no se puede construir el Parque frente al rechazo de la población» de la zona y defendió que la protección ambiental se tiene que conseguir junto al desarrollo económico «en un fino equilibrio».

El presidente de la Junta criticó al Gobierno por no haber hecho «ni una obra en Andalucía en los últimos cinco años« y lamentó lo que considera falta de política de agua de Pedro Sánchez. Según Moreno, lo que persigue la proposición de ley es ordenar los desórdenes que, en su opinión, sus antecesores al frente del Gobierno andaluz permitieron en Doñana durante más de tres décadas. Recordó también que la propuesta materializada en la proposición de ley estaba incluida en el programa electoral con el que se presentó a las pasadas elecciones autonómicas, en las que obtuvo la mayoría absoluta.

Moreno cifró en cerca de quince millones de euros el importe pagado por la Junta de Andalucía en multas por vertido de aguas no depuradas . «No hubo protestas entonces», subrayó.. Por ello, reclamó a Sánchez «no sólo ayudas, sino obras de urgencia» para poder atender la sequía y sus efectos, que en Andalucía ya tienen cifras: un punto menos de Producto Interior Bruto (PIB) y hasta 35.000 empleos perdidos.

También los sindicatos UGT y CCOO de Huelva se han volcado en reclamar diálogo entre las administraciones para solventar este asunto. Ambas centrales pidieron al Gobierno central y la Junta de Andalucía que se sienten para hablar sobre la situación de Doñana con la finalidad de preservar el Parque Nacional y para llevar agua superficiales a los regadíos de la Corona Norte. Reclamaron por ello que se trabaje en las infraestructuras hidráulicas necesarias para ese objetivo.

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire lamentó que «en estos últimos años o estas últimas décadas los gobiernos no le han prestado la atención necesaria a proteger y a preservar el parque», aunque señaló que la proposición de Ley presentada por PP y Vox para la modificación de regadíos se ha hecho con tintes electorales para «ganarse cuatro votos de los ciudadanos de la comarca afectada».

En este sentido, ha señalado que «no está en desacuerdo» con poder legalizar hectáreas «que están ahora mismo en una situación ilegal», pero sí en que «el agua que se pueda utilizar se coja de Doñana y se siga esquilmando el acuífero 27», al tiempo que ha destacado que «la única solución es llevar agua superficial a la comarca a través de las infraestructuras suficientes para ello» y que los agricultores que históricamente han tenido tierras de cultivo «utilizando pozos no legalizados puedan seguir realizando su trabajo».

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de España «tiene que poner en marcha la presa de Alcolea» porque ante la situación de sequía que estamos padeciendo se tienen que potenciar las obras hidráulicas que quedan por terminar en Huelva.

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha incidido en que su sindicato está «totalmente en contra» de la proposición de ley del PP y Vox y considera que «si hay que hacer alguna modificación» o «si se cometió alguna ilegalidad o alguna injusticia» eso «se tiene que corregir en la mesa de trabajo que aprobó el Plan de la Fresa, que es donde están presentes todas las administraciones, todas las organizaciones y todos los técnicos y expertos», para «corregir esas posibles injusticias, pero no mediante una proposición de ley».

«Ahora mismo, lo que se está vendiendo en el exterior es que se va a tocar el parque de Doñana«, lo que en su opinión puede afectar a los mercados internacionales de los frutos rojos.