En medio de la polémica suscitada tras el anuncio del presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre el Impuesto de Patrimonio, la ministra de Hacienda, María Jesús Monteo, advirtió esta semana sobre la aparente incoherencia de las comunidades que quitan o reducen impuestos y al ... mismo tiempo reclaman más dinero. Fue un aviso lanzado sin nombres y apellidos, pero que estaba claramente dirigido contra dos adversarios políticos: uno externo, el presidente andaluz, y otro interno, el valenciano Ximo Puig.
Lo de la ministra no debe leerse sólo como una advertencia, sino sobre todo como un anuncio de intenciones: si por una puerta entra el debate sobre la bajada de impuestos, el de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas sale por otra. Aunque pertenecen a partidos diferentes, hay dos cuestiones que emparentan a Moreno y Puig. Los dos vienen encabezando el reclamo de otro sistema de financiación -sus comunidades son las peor financiadas- y ambos tuvieron un papel relevante en el debate fiscal que se ha abierto en España. El primero, porque puso el tema sobre la mesa -cuesta recordar otro debate político a escala nacional que se haya iniciado desde Andalucía- y el segundo, porque sacó a la luz las diferencias internas sobre este asunto en el principal partido del Gobierno. En el Palacio de San Telmo aún perdura el asombro por la torpeza con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez gestionó con sus propios barones esta polémica abierta desde el sur.
Pese a la aparente incoherencia apuntada por Montero de quienes bajan impuestos y piden más dinero, en San Telmo están convencidos de que es ahora cuando el debate del modelo de financiación está más abierto que nunca. Por varios motivos. Primero, porque lo que se reclama no es más dinero del que corresponde en función del número de habitantes, sino que se igualen los ingresos per cápita. Segundo, porque la supresión del Impuesto de Patrimonio no persigue recaudar menos, sino recaudar más a través de conseguir aumentar el número de contribuyentes por IRPF. Y tercero, porque Andalucía ha salido fortalecida de este episodio. En San Telmo creían que el movimiento iba a salir bien -estaba previamente medido en términos de opinión pública- pero no tan bien. Consiguieron situar a Andalucía en el centro de la agenda política, se ha hablado de la comunidad por un tema diametralmente diferente a los que tradicionalmente se la vinculaba -los ERE, el PER, la economía subsidiada- y la iniciativa política ha salido del tradicional eje Madrid-Cataluña-País Vasco. El discurso andalucista con el que Juanma Moreno fundamentó su controversia con el Gobierno -«¿Por qué reaccionan cuando lo hace Andalucía y no cuando lo hacen Madrid o Cataluña?»- lo ha fortalecido internamente. El presidente entiende que el PSOE ha dejado de comprender a Andalucía y que el discurso de que gobierna para los ricos no cala en la ciudadanía.
Su balance es que ellos han ganado y el Gobierno ha perdido y que eso sitúa a la Junta en una situación de fortaleza para volver a poner sobre la mesa el reclamo de un nuevo modelo de financiación. Moreno no ha esperado. Este mismo viernes volvió a exponer el asunto desde el Foro de La Toja. En esta ocasión, Pedro Sánchez y su ministra de Hacienda deberán medir mejor su respuesta
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