El Gobierno andaluz rechaza la armonización fiscal porque esconde «subida de impuestos»

El acuerdo entre ERC y el Gobierno a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incluye la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El Gobierno de PP y Cs en Andalucía ha hecho bandera de la bajada de estos impuestos. El cambio tributario no se incluirá en los presupuestos estatales porque requiere, como ha advertido Juan Bravo, de la reforma de la ley orgánica del sistema de financiación autonómica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende iniciar en febrero las conversaciones para esta reforma, reclamada por todas las comunidades, e introducir en ella el acuerdo sobre la armonización fiscal.

La propuesta quiebra la filosofía política liberal que acuñan PP y Cs de que la mejor arma para activar la economía y atraer inversores es la de la bajada de impuestos, y la capacidad de esto por parte de las comunidades autónomas estriba en los tributos cedidos por el Estado.

Juanma Moreno hizo su campaña electoral como candidato por el PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 con la promesa de una «bajada masiva de impuestos», en alusión a los cedidos a las comunidades, incluido el de las rentas (IRPF). Una de las primeras decisiones de su ejecutivo nada más llegar a la Junta fue la casi supresión (al 99%) del impuesto de sucesiones y donaciones a los herederos directos, es decir de padres a hijos, viceversa y cónyuges.

El Gobierno de la socialista Susana Díaz ya había bonificado este impuesto a las herencias de hasta un millón de euros en la anterior legislatura como exigencia por parte de Cs para apoyar el Presupuesto. Aquella bajada la negoció María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de la Junta, con el portavoz regional de Cs, Juan Marín. Montero fue muy reticente a este acuerdo después de haber rebajado un año antes el tributo a las herencias de hasta 300.000 euros, ha explicado Marín numerosas veces. No incluía las donaciones y esta parte sí que ha entrado en la reforma del actual ejecutivo andaluz.

En el acuerdo de PP-Cs con Vox para el presupuesto de 2021 se introduce el análisis de una posible rebaja de este tributo a herederos en segundo y tercer grado, incluyéndose aquí hermanos, sobrinos y primos. También supone una promesa electoral del PP, pero que dada la crisis sanitaria se ha aparcado hasta ver cómo evolucionan los ingreso fiscales por actividad económica.

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha explicado muchas veces cómo aquella bajada del tributo de las herencias ha hecho recaudar más a la Junta de Andalucía. Admite que por esta rebaja (sobre todo la de donaciones) la Junta ha dejado de percibir 140 millones de euros, pero por la renta se ha incrementado la recaudación en más de 600 millones. «Así, por cada euro que se ha dejado de recaudar por sucesiones y donaciones, un impuesto que sólo se paga una vez, se han ganado cuatro euros por renta, que se paga todos los años», ha vuelto a esgrimir esta mañana en una entrevista en la Cope. «Imponer una subida de impuestos como solución a su gasto público descontrolado, es una solución bastante mala», ha remarcado.

Bravo también ha puesto el dedo en la llaga sobre la ruptura de la autonomía financiera. La cesión de estos tributos a las comunidades atribuye a estas soberanía en cuanto a tipos de gravamen, mínimo exento y bonificaciones. Con la reforma de la ley orgánica de financiación autonómica esto se puede modificar. Bravo se pregunta, entonces, cómo ERC, un partido independentista, es el que le dice al Gobierno central «que quite competencias a las comunidades» para dárselas al Estado.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sido también crítico con que sea ERC, un partido independentista, el que modifique la soberanía fiscal de las autonomías. Ha protestado porque «un señor de Cataluña diga que tenemos que subir los impuestos a los andaluces«. Su propuesta es que también Cataluña armonice por abajo y baje los impuestos.

Para el consejero andaluz, Juan Bravo, la contradicción es aún mayor por parte del PNV, que apoya el presupuesto estatal, dado que, en su opinión, esa armonización también supondrá la «eliminación de regímenes forales». Alude a la excepción en la financiación autonómica que supone los llamados cupos vasco y navarro, como regímenes al margen del resto de comunidades y que viene recogido en la Constitución española.

El Parlamento andaluz aprobó la pasada legislatura un acuerdo para exigir al Gobierno de la nación, entonces presidido por Mariano Rajoy, un nuevo sistema de financiación autonómica que garantizara ingresos por población para cubrir los servicios esenciales como sanidad, educación y sociales para que todos los españoles tuvieran las mismas prestaciones vivieran donde vivieran. Aquel acuerdo fue votado por PSOE, PP, Podemos e Izquierda Unida. Solo Cs no lo apoyó porque este partido abogaba entonces por la supresión de lo que consideraba privilegios fiscales del País Vasco y Navarra.

En la batalla por un nuevo sistema de financiación, estuvo presente también la controversia sobre la capacidad de las autonomías para competir con la fiscalidad. En la reunión de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 presidida por Mariano Rajoy, donde se abordó el compromiso de reformar el sistema de reparto del dinero a las comunidades, fue sonado el enfrentamiento de Susana Díaz con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Díaz acusó a esta de hacer «dumping fiscal» y convertir a Madrid en un «paraíso fiscal» con la exención del cien por cien a los patrimonios de hasta dos millones de euros. El argumento de la socialista es parecido al de ahora de ERC, dado que en Madrid, como capital de España, tienen sede fiscal muchas de las multinacionales del IBEX y también un alto número de funcionarios públicos.

La política de Juanma Moreno no ha sido la de continuar este enfrentamiento con Madrid, gobernada por una coalición igual a la suya, con PP y Cs, sino la de utilizar su política fiscal como un espejo en el que mirarse. Ya en su campaña electoral hace dos años esgrimió que Madrid «es el paradigma donde nos tenemos que mirar». El ahora presidente andaluz pretendía revertir el que Andalucía apareciera como la comunidad con los gravámenes más altos convencido de que con ello atraería mayores inversiones. Por ello prometió que Andalucía tendría «exactamente el mismo nivel fiscal que la Comunidad de Madrid». Su gobierno ha cifrado en un incremento de hasta un 60% la afloración de interés por invertir en Andalucía de empresas nacionales y extranjeras en los casi dos años al frente de la Junta.