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La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, está lejos de ceder en la controversia abierta por la tributación de las personas ... que se han beneficiado de la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SIM). En su primera comparecencia pública tras la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros, en el que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exhibieron públicamente su discrepancia sobre este asunto, Montero hizo una encendida defensa de la necesidad en que estos trabajadores no queden exentos de presentar su declaración de la renta.
La vicepresidenta y secretaria general del PSOE de Andalucía compareció en la sede de esta formación y defendió su posición desde una postura que reivindicó de izquierdas. Montero reclamó a Díaz, sin nombrarla, y a sus compañeros de Sumar -socios del PSOE en el gobierno de coalición- que no se adhieran al discurso de la derecha que promueve, en su opinión, desde el populismo, el vaciamiento fiscal del Estado.
Para la ministra, hay muchos argumentos sustanciales para defender la tributación de estos trabajadores. El principal es que después de los sucesivos aumentos del SMI aprobados por el Gobierno, sus salarios ya no representan un ingreso de subsistencia y se sitúan a las puertas de lo apuntado por la Carta Social Europea, es decir, un 60 por ciento del salario medio. «Tenía sentido que ese salario tan exiguo se acompañara de una exención fiscal, pero lo que se está persiguiendo es que no sea de subsistencia y esto significa tener derechos y tener deberes».
Montero destacó que se trata de rentas a partir de las cuales ya en los ejercicios anteriores se contribuía por IRPF y a las que se aplicará un tipo de apenas el 1,2 por ciento, uno de los más bajo de la OCDE. Además, aseguró que del total de perceptores del salario mínimo, la tributación sólo afectará a los trabajadores sin cargas familiares, que representan en torno al 20 por ciento del total.
Además, aseguró, se trata de una tributación menor a la que existía durante el último gobierno del PP, cuando, cuando contribuían con unos 700 euros al año. «Ahora estamos planteando una cuantía para un 20 por ciento y muy inferior».
La vicepresidenta incidió también en la necesidad de mantener el estado del bienestar que, subrayó, es el único colchón social con el que cuentan los trabajadores y especialmente los de rentas más bajas. «Me parece imprescindible, muy importante, explicarles a los ciudadanos por qué se contribuye con los impuestos a pagar la sanidad pública por la educación pública -afirmó-, tengan en cuenta que la sanidad pública, la educación pública, la universidad pública, fundamentalmente son para los trabajadores y la clase media, es una suerte de salario diferido», y en ese sentido destacó la necesidad de que todos contribuyan a su mantenimiento.
En esa línea, contrastó las políticas que impulsa el Gobierno de España con las que aplican las comunidades gobernadas por el PP. «Ellos siguen en su estrategia de bajar los impuestos a los grandes patrimonios y a los ricos; nosotros el camino que elegimos y que hemos consolidado es una bajada de fiscalidad en rentas bajas que ha hecho que España sea uno de los países de la OCDE que tiene menor carga tributaria respecto al resto de países», enfatizó.
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