La ministra Teresa Ribera ve imposible legalizar regadíos sin expropiar los derechos de los regantes legales en Doñana: «No hay agua»

Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, Ribera ha respondido así al diputado de Más País-Verdes Equo, Íñigo Errejón, respecto a las medidas del Gobierno para frenar la iniciativa impulsada en el Parlamento de Andalucía con el fin de regularizar usos de agua de agricultores cercanos al Parque Nacional de Doñana.

Para la ministra, esta «barbaridad» --impulsada con los votos favorables del PP, Cs y Vox y con la abstención del PSOE en la cámara autonómica--, es una forma del Gobierno andaluz de esconder «su incapacidad para poder responder a las necesidades de diversificación económica de esa zona».

Así, la ministra ha prometido que el Ejecutivo va a seguir trabajando en la «misma línea de firmeza y defensa de la legalidad» que ha hecho hasta ahora para reivindicar una «reacción responsable» por parte de las administraciones andaluzas.

«Es inadmisible, es indignante utilizar la falsedad y la mentira para destrozar algo que es Patrimonio de la Humanidad como es Doñana», ha apostillado.

La vicepresidenta ha agradecido que Errejón se sume a los esfuerzos del Gobierno de España, en línea con lo que reclaman la Unesco y la Comisión Europea. De ese modo, ha incidido en que este martes la Comisión Europea dijo que «estaba dispuesta a llegar a donde sea para frenar esta barbaridad, para frenar esta inmensa ilegalidad».

Además, ha advertido de que el Ejecutivo no quiere verse en la misma situación que Polonia, que no tiene acceso a los fondos europeos «precisamente» por incumplimiento de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, algo que apunta que «probablemente llegaría a aplicar a España en caso de que siguiera adelante esta iniciativa».

En cuanto a las medidas que está adoptando el Gobierno en Doñana, ha explicado que la declaración de masa de agua en riesgo del acuífero permite crear una comunidad de usuarios que adopte por consenso medidas excepcionales para poder vigilar el cumplimiento de todas las exigencias legales y los volúmenes de agua.

Asimismo, ha añadido que el Gobierno está trabajando «estrechamente» con la Fiscalía de Medio Ambiente, que está reforzando la inspección y la sanción. De hecho, ha precisado que en este momento está en tramitación el cierre de 141 pozos ilegales.

Igualmente, ha indicado que se están activando las obras hidráulicas que permitan utilizar agua de superficie, de modo que los riegos legales que utilizan agua subterránea puedan ser frenados y que buscan el crecimiento cero de regadíos, según recoge el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que será aprobado en los próximos meses y que recoge 177 millones de euros para obras.

Al mismo tiempo, ha señalado que el Ministerio está impulsando nueve actuaciones en sendas depuradoras que acaban vertiendo agua en zonas de influencia de Doñana.

Por su parte, el diputado Errejón le ha recordado a Ribera que en cualquier país del mundo un enclave como el Parque Nacional de Doñana --patrimonio mundial de la UNESCO-- estaría «protegidísimo» mientras que en España está «gravemente amenazado» desde la semana pasada cuando el parlamento andaluz dio el primer paso a dar barra libre a los pozos ilegales que están secando el entorno.

«Esto es una irresponsabilidad en un contexto de cambio climática y de sequía persistente, apretar el acelerador para la destrucción del Parque», opina Errejón que recuerda que ya se sabe «como acaba esto» tras lo ocurrido en el Mar Menor.

«Es simple y llanamente un 'ecocidio'», ha sentenciado el diputado, que alerta de que si esta iniciativa se consuma España se puede enfrentar a multas diarias del Tribunal de Justicia Europeo; que los agricultores que sí cumplen pueden verse sometidos a un agravio comparativo y que, además, esto puede perjudicar a la imagen exterior de los productos agrícolas españoles.

«Lo que está pasando es que nos estamos cargando nuestro país. Ayer fue el mar menor, hoy es Doñana y por este camino estamos convirtiendo España en un inmenso desierto», asegura.

Por ello, le ha pedido a la vicepresidenta tercera que «en esto» el Gobierno no calcule, que ponga el pie en la pared y sea firme y tajante. «El Gobierno tiene que hacer absolutamente todo lo que esté en su mano para evitar que un atajo de irresponsables maten Doñana», ha reclamado Errejón.

El diputado insta así al Gobierno a frenar los pozos ilegales, la contaminación de los acuíferos; a crear una zona de amortiguación que permita regenerar el Parque Nacional y a dotar de todos los recursos necesarios a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que en Doñana se cumplan las normas.

«Nos estamos jugando que nuestros hijos conozcan Doñana y no lo hagan solo por los libros de historia», ha concluido.