La Mesa Social del Agua pide una transición hídrica justa que equilibre recursos y demanda y redefina la superficie de regadío

La Mesa Social del Agua de Andalucía ha pedido hoy una transición hídrica justa que sea capaz de equilibrar los recursos y la demanda y contemple una redefinición de la dimensión de la superficie de regadío. Los componentes de esta mesa presentaron en Sevilla un decálogo con sus reivindicaciones más importantes en las que se plantea el desarrollo de un aprovechamiento del agua mucho más sostenible social y ambientalmente, una mejora de la calidad de las aguas y de su depuración y reutilización, así como un impulso a modelos agroganaderos que tengan una menor huella hídrica, entre otros objetivos.

Estas exigencias serán trasladadas a la Junta de Andalucía con vistas a la futura negociación de un Pacto Andaluz por el Agua y han sido aportadas por las entidades que constituyen esta mesa como son CCOO, COAG, UPA, Aeopas, Facua, WWF, Greenpeace, SEO, Ecologistas en Acción, Ciref, Fundación Savia, Fundación NCA, Red Andaluza de la NCA

El decálogo de reivindicaciones, titulado para una transición hídrica justa y el derecho humano al agua en Andalucía, destaca el necesario «equilibrio» que debe existir entre la demanda y los recursos realmente disponibles, así como la apuesta por modelos de agricultura y ganadería ecológicas que tengan una escasa huella hídrica, además de abogar por un nuevo planteamiento sobre el papel y la dimensión superficial que debe ocupar el cultivo de regadío.

La Mesa Social del Agua considera que el modelo de gestión del agua es fundamental en un momento histórico como el actual ante restos como el cambio climático y la crisis de seguridad hídrica. Por otra parte, sostienen que hay que garantizar la protección de los ríos, humedales y acuíferos,

El decálogo se enmarca dentro de los objetivos requeridos por la Directiva Marco del Agua y los planes hidrológicos de demarcación, como es el tercer ciclo de planificación hidrológica (2021-2027) ahora en elaboración, contexto en el que es conveniente tomar las grandes decisiones de la política del agua, poner en práctica las medidas e inversiones concretas y desarrollar los procesos de participación pública efectiva, apuntaron.

La Mesa del Agua pretende incentivar «la prevención ante el deterioro hídrico y también ante la reducción de las aportaciones que traerá consigo el cambio climático, además de fomentar la recuperación y el mantenimiento del buen estado ecológico de los ríos, humedales, estuarios y las aguas costeras y el buen estado de las aguas subterráneas, así como la fijación de las necesidades de agua de las especies y hábitats en los espacios protegidos«.

Los componentes de la mesa ven oportuno «abrir un profundo debate sobre la situación de los sistemas del ciclo urbano del agua, que incluya criterios de cohesión y justicia territorial entre los principales sistemas metropolitanos y los municipios aislados, además de abordar las inversiones necesarias para aumentar la eficiencia y resolver los importantes déficits en la depuración de aguas residuales que arrastra Andalucía y que requiere una atención prioritaria«.

La Mesa Social del Agua argumenta en el sexto planteamiento sobre la política hídrica de Andalucía que «es fundamental realizar un diagnóstico de las necesidades que tienen nuestros pueblos y ciudades para saber cuánto van a costar esas carencias y cómo se pueden financiar. Es importante establecer unos mecanismos de corresponsabilidad en el servicio a la ciudadanía para el conjunto del territorio».

El decálogo refleja la necesidad de «redefinir el papel y la dimensión superficial del regadío y redistribuir del agua disponible con criterios de eficiencia productiva y laboral, apoyando a las pequeñas y medianas explotaciones profesionales que contribuyen al equilibrio territorial, al asentamiento de la población rural y al relevo generacional«.

De igual forma apunta hacia el apoyo a «la reutilización de aguas regeneradas y la desalación para sustituir extracciones en los ríos y acuíferos actualmente sobrexplotados, así como el establecimiento de tarifas volumétricas en el sector que incentiven el ahorro de recursos y la aplicación de instrumentos como los bancos de agua bajo un estricto control de las administraciones públicas».

«El Pacto del Agua tiene como eje el derecho humano a este recurso y su gestión pública para evitar pobreza hídrica y además debe asumir y promover un modelo de participación activa, justa, solidaria, diversa, comprometida y equilibrada, en el que intervengan todos los actores socioeconómicos en igualdad de condiciones», sostiene la Mesa.

Por último, pretende desarrollar un «proceso de pedagogía social efectiva para facilitar el consenso que requiere afrontar los impactos del cambio climático y los retos de una transición hidrológica justa, que exigen la transformación de los modelos sociales y de pensamiento«.