Los menores migrantes y la deuda ahondan el abismo entre la Junta y el Gobierno

Este nuevo foco de conflicto se suma la intención manifestada por la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, de que el Ejecutivo condone total o parcialmente la deuda que las comunidades mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómica, un asunto que se abordará el próximo 26 de febrero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y que desde el Gobierno andaluz se ve como una medida diseñada a la medida de las necesidades de Cataluña, pero que no se ajusta a lo que Andalucía reclama en materia de financiación.

La polémica por los menores migrantes estalló en la noche del jueves, cuando tras conocerse los criterios para el reparto la portavoz de la Junta, Carolina España, calificó de miserable la política migratoria del Gobierno. «Una vez más vemos cómo Sánchez utiliza a los más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados, para mantenerse un día más en la Moncloa», dijo.

A esas críticas se sumaron este viernes las de otros miembros del Gobierno andaluz. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, consideró «desalmada e inhumana» la política del Ejecutivo central. «Los niños son meras mercancías baratas para el Gobierno de España», dijo tras recordar que la Junta de Andalucía lleva más de un año exigiendo al Gobierno de España planificación, coordinación, información y financiación en materia de política migratoria.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, calificó el acuerdo como un «nuevo agravio a Andalucía» al asegurar que hay comunidades autónomas privilegiadas y a las que el pacto no les afecta.

Para Sanz, la forma de pactar el acuerdo entraña «una prueba de deslealtad» por parte del Gobierno al considerar que se hace de espaldas a las comunidades autónomas.

«Tenemos que pedir también responsabilidad a la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero y al señor Sánchez» por el hecho de considerar de que «permanentemente están llegando a acuerdos que otorgan privilegios a unas comunidades» y se preguntó «dónde está el sentimiento ese de defensa de Andalucía de la señora Montero».

Esta polémica se ha sumado a la de la posible condonación o aligeramiento de la deuda de las comunidades con el FLA, que el Gobierno andaluz considera «una trampa que pagarán todas las comunidades, también los andaluces».

María Jesús Montero criticó esta postura y resaltó el hecho de que el Gobierno de España esté dispuesto a asumir la deuda que se ha generado en comunidades autónomas para «posibilitar que tengan una mejor situación financiera», a través de un modelo para la condonación o quita de deuda que se presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. «Escucho declaraciones en las que me parece muy difícil que un territorio diga que no a que le quiten parte de la deuda y pueda atender otro tipo de gastos solo y exclusivamente por intentar practicar una política de ruido y de confrontación», lamentó.

«Creo que el esfuerzo que pone encima de la mesa el Gobierno de España debería ser correspondido por parte de las comunidades autónomas con el apoyo a esa propuesta que conocerán en profundidad cuando la presenten en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha solicitado Montero.

Sin embargo, para la Junta la prioridad es la reforma del sistema de financiación. Indicó en ese sentido que Andalucía «no tiene un problema de deuda sino un problema de financiación», por lo que exigió los 1.522 millones de euros que faltan para que los ingresos de la comunidad por el sistema de financiación autonómica se igualen a la media.