Susana Díaz y diputados del grupo socialista en la sesión de ayer. e. p.

La Cámara aprueba mejorar la «calidad e inmediatez» en las consultas sanitarias en la Atención Primaria a propuesta del PSOE

El debate concluye con la aprobación de 128 propuestas de resolución, la mayoría de PP, Cs y Vox y solo 26 de PSOE-A y Adelante

Jueves, 22 de octubre 2020, 00:56

El Parlamento andaluz cerró ayer el Debate sobre el Estado de la Comunidad con la votación de las 175 propuestas de resolución presentadas por cinco grupos políticos -35 cada uno ellos-, de las que se aprobaron finalmente un total de 128, en su mayoría ... de PP-A, Ciudadanos y Vox, mientras que de PSOE-A y Adelante Andalucía solo vieron la luz verde 26 de sus iniciativas, 13 de cada uno de ellos.

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Una de las resoluciones que salió adelante fue la presentada por los socialistas para mejorar la calidad y la inmediatez en la asistencia sanitaria en el sistema de Atención Primaria, que se encuentran «sobrepasado» actualmente por los efectos de la pandemia del coronavirus.

La iniciativa socialista compromete al Gobierno andaluz a garantizar la atención inmediata en las consultas y que en la asistencia sanitaria se lleven a cabo durante todo el año los programas de prevención de enfermedades y de promoción de la salud que vienen prestando estos centros. Además, se exige la dotación del personal necesario para atender su cartera de servicios, priorizando sobre todo las zonas rurales.

También salió adelante otra propuesta del PSOE-A, apoyada por el PP-A, para blindar en el próximo presupuesto el gasto en sanidad pública, educación y servicios sociales. Por contra, entre las propuestas socialistas rechazadas figura la de aumentar la financiación del sistema público de salud hasta el 7,2% del PIB andaluz y que la Atención Primaria cuente con un 25% del presupuesto sanitario total, además de la destinada al fortalecimiento de las plantillas sanitarias con la contratación extraordinaria de un 30% más de profesionales por pandemia.

Ley contra los 'okupas'

Todas las propuestas presentadas por los socios del Gobierno, PP- y Cs, fueron aprobadas con el apoyo de Vox, en su mayoría reivindicaciones al Gobierno central, como la petición urgente de una ley para garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada y que combata la ocupación ilegal, además de instarle a promover un Plan contra la Ocupación Ilegal de Viviendas que sirva de orientación a los ayuntamientos andaluces, con medidas que incluyan entre otras, el refuerzo de la seguridad y la vigilancia de calles y barrios. Esta propuesta ha sido aprobada por todos los grupos con la abstención de Adelante Andalucía.

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El socio del Gobierno, Vox basó la mayoría de sus propuestas en las conclusiones de la comisión parlamentaria de recuperación frente a la crisis Covid pero, sin embargo, vio rechazada tres de sus 35 propuestas, una de ellas referida al cumplimiento de los resultados y conclusiones de las auditorías a las que actualmente se está sometiendo al sector público instrumental, uno de los caballos de batalla de la formación de Santiago Abascal en sus exigencias al Ejecutivo autonómico para prestar su apoyo a los presupuestos.

Vox incluía también en esta propuesta que el Gobierno andaluz controle y dé cuenta de manera exhaustiva de cada céntimo de euro que se recauda de los andaluces, defendiendo que «se necesita una administración eficiente, ágil y que evite el despilfarro de los recursos económicos en estos tiempos de obligatorio control del gasto».

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Función social de la vivienda

Las otras iniciativas de Vox desestimadas estaban relacionadas con un plan de apoyo e incentivos fiscales para familias numerosas y la natalidad y con la lucha contra el desequilibrio provincial para mitigar las diferencias territoriales dentro de la comunidad.

De las propuestas de resolución planteadas por Adelante Andalucía, han prosperado su petición al Gobierno de la Junta de Andalucía para que garantice la función social de la vivienda y el acceso a la misma y otras referidas a la mejora del gasto en universidades, el refuerzo de la renta mínima andaluza, la puesta en marcha de un plan de infancia o la defensa del colectivo LGTB, entre otras.

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Por contra, de la confluencia de izquierdas fue desestimada su pretensión de perseguir «enérgicamente» la corrupción política en todas sus vertientes dentro de la Administración andaluza y y su petición de poner en marcha una Oficina Anticorrupción, además de acabar con los «privilegios políticos como las indemnizaciones mensuales por vivienda a los 78 altos cargos de la Junta» andaluza.

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