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La mayoría de los andaluces considera que está peor que hace un año y que la actual crisis económica es más grave que la de 2008. Sin embargo, entiende que Andalucía está mejor preparada para afrontarla. Así se desprende del último barómetro elaborado por el ... Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), conocido este lunes.
Según el estudio, cuyo trabajo de campo se desarrolló entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre, un 40 por ciento de los andaluces considera que su situación económica es peor que hace un año, frente a un 42,1 por ciento que está igual y un 17,9 que ha mejorado. Aún así, un 40,3 por ciento califica como buena su situación, respuesta mayoritaria frente al 4 por ciento que reconoce que es muy buena, un 31,6 que la califica como regular, un 18,4 que la responde que es mala y un 5,7, muy mala.
En relación con el futuro, la opinión de que la situación personal irá a peor es minoritaria aunque relevante. Un 29,6 por ciento considera que empeorará frente al 41,7 por ciento que cree que se quedará igual y el 27,7 que vaticina que irá a mejor.
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A la hora de opinar cómo irá la economía de Andalucía en los próximos meses con respecto al conjunto de España, las opiniones están equilibradas, con un 35,1 por ciento que cree que irá mejor o mucho mejor frente a un 35,4 que considera que irá peor o mucho peor. También están equilibradas las consideraciones en relación con la situación política de la comunidad, con un 38 por ciento que la valora de manera positiva y un 33,8 por ciento que lo hace de forma negativa,
La subida de los precios es uno de los problemas que más afectan a los encuestados. En una escala del 1 al 10, en el que 10 supone la máxima consideración sobre la importancia que se le atribuye al problema, del total de respuestas surge una media de 8,88, aunque la respuesta mayoritaria, elegida por el 55,3 por ciento de los consultados, es 10.
Un 38,5 por ciento atribuye la principal responsabilidad de este aumento de los precios al Gobierno de Pedro Sánchez, frente a un 22,3 por ciento que señala a las grandes empresas y un 21,2 por ciento, a la guerra de Ucrania.
A la hora de comparar la actual crisis con la que se atravesó a partir de 2008, una gran mayoría, con un 57,3 por ciento, considera peor a la que se vive en estos días, mientras que un 24,5 por ciento la valora como igual de grave. Sólo un 16,9 por ciento entiende que aquella fue más grave.
Aún así, la opinión mayoritaria es que Andalucía está mejor preparada que entonces para superar la situación económica. Quienes creen que está mejor (41,1 por ciento) o mucho mejor (4,5 por ciento) superan holgadamente a quienes entienden que está peor (20,4 por ciento), mientras que un 28 por ciento valora que no está ni mejor ni peor.
La mayor parte de los consultados se muestra a favor de las diferentes protestas sectoriales que ha desatado la crisis. La huelga del sector del transporte cosecha un 56,2 por ciento de respaldo; la protesta de agricultores y ganaderos, un 88,8; las manifestaciones de la hostelería, un 68,5; la de los sanitarios, un 81,1, y las protestas de los autónomos, un 81,7 por ciento. Los consultados sólo se pronuncian mayoritariamente en contra cuando se les pregunta por «las manifestaciones de los sindicatos», donde hay un 39 por ciento de respuestas a favor y un 43 por ciento, en contra.
Los andaluces no sólo encuentran motivos de preocupación en la economía, también les inquieta la situación medioambiental. En una escala del 1 al 10, en el que 10 sería la medida de máxima preocupación, los andaluces le atribuyen al cambio climático una importancia de 7,86, según el último barómetro del CENTRA. Del total de encuestados, un 40 por ciento le atribuyó un valor 10 a este asunto, la opción más elegida.
Al ser preguntados sobre quién debe resolver este problema, un 35,9 por ciento opina que tienen que hacerlo los gobiernos; un 17 por ciento, las grandes empresas; un 17 por ciento, los ciudadanos; un 15,8 por ciento, las industrias y un 12 por ciento, las organizaciones internacionales.
No obstante, los ciudadanos están dispuestos a hacer su propia contribución. Así, una mayoría ha respondido de manera afirmativa a las preguntas de si estarían dispuestos a renunciar al aire acondicionado o la calefacción, a consumir una menor variedad de alimentos, a no utilizar el coche cuando las autoridades lo indiquen o a apoyar la prohibición de piscinas domésticas. Sólo se muestran contrarios a una restricción horaria para el consumo de agua.
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