Política andaluza
La consejera Marifrán Carazo decidió en su última comparecencia parlamentaria aplicar el principio de que no hay mejor defensa que un buen ataque. La titular de Fomento, que dejará de serlo la semana próxima para centrarse en su candidatura al Ayuntamiento de Granada, acudió a ... la comisión del Parlamento correspondiente a sus competencias para dar cuenta de varios temas, entre los que figuraba una petición de comparecencia del Grupo Socialista en relación a la contratación directa de tres obras de mantenimiento de carreteras en las que esa formación considera que aparecen supuestas irregularidades.
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La consejera fue interpelada por la diputada socialista Isabel Ambrosio, que aludió a un tema sobre el que los grupos de la oposición vienen insistiendo en las últimas semanas, el procedimiento de adjudicación de tres contratos de emergencia para la reparación de carreteras en la provincia de Cádiz a dos empresas que, según aseguró, no cumplían con los requisitos de capacidad y solvencia técnica y económica.
Una de estas mercantiles, afirmó, no figura en el Registro de Licitadores del Estado, no presentó sus cuentas en el Registro Mercantil en los ejercicios 2021 y 2022 y concluyó el ejercicio 2020 con cero euros. «Se le está atragantando el caso contratos de emergencias en sus últimas horas como consejera», afirmó Ambrosio tras preguntar quién había invitado a esta empresa a presentarse para la adjudicación de los trabajos.
La diputada socialista se preguntó si en realidad no se trataba de comisionistas y llegó a sugerir la existencia de una 'caja B' en la Consejería, momento en el que la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano estuvo a punto de llamarle la atención.
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Carazo defendió la legalidad de estas contrataciones y tras asegurar que se respetó el principio de libre concurrencia y que se había invitado al mayor número de empresas posibles, interpeló a la diputada socialista sobre si, según su criterio, la Administración sólo debía contratar con empresas de gran tamaño y no con pymes.
La consejera atribuyó las acusaciones a su condición de candidata a la Alcaldía de Cádiz y pasó al ataque aludiendo a la herencia recibida a su llegada a la Consejería, con 32 de los 35 contratos de mantenimiento de carreteras vencidos o a punto de vencer y un estado de la red autonómica que redujo la vida útil de muchas de las arterias.
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También reprochó al PSOE que en 2018 adjudicó 49 contratos por 32 millones licitados y criticó prácticas de los gobiernos socialistas, entre los que incluyó bajas temerarias y calificarlos como «los reyes de las obras fantasmas» que se pagaban y no se hacían.
«Ustedes quieren que la gente piense que todos somos iguales, quieren que la gente se olvide de lo que hicieron-señaló-, pero no van a conseguir desprestigiar a a este gobierno»
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