Las energías renovables en Andalucía: luces y sombras

En la situación actual de la estructura energética de Andalucía, hay que señalar que, el cierre en los últimos años de dos centrales eléctricas de carbón, ha hecho que este combustible haya sido el que menos aporta a la estructura del consumo de energía primaria, lo que ha hecho, además, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de energía.

Este esfuerzo en la sustitución de combustibles fósiles para la producción de energía eléctrica se ha traducido en una leve mejora en el grado de autoabastecimiento de la comunidad autónoma que ha pasado del 19,4% en 2022 al 20,7% en 2023. Es decir, todavía necesitamos importar anualmente algo más del 78% de toda la energía primaria consumida, energía que proviene de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). Esto es debido fundamentalmente a que el sector transporte representa el 43% del consumo total de energía y del que sólo el 6% se cubre a partir de biocombustibles.

Los últimos datos proporcionados por la Agencia Andaluza de la Energía indican que a finales de 2023 la potencia renovable instalada era de 11.802,9 MW lo que significa el 59,5% del parque de generación andaluz. El aumento se ha producido fundamentalmente en generación fotovoltaica con 1605 MW nuevos añadidos, aunque ha disminuido el aporte de la biomasa, eólica y, debido a la sequía, de la hidráulica. Esto ha significado que el 57% de la energía eléctrica consumida en este año proviene de fuentes renovables, lo que supone el 21% de todas las necesidades energéticas.

El necesario desarrollo de la energía fotovoltaica para disminuir nuestra dependencia energética y hacer frente a las consecuencias del cambio climático tiene, sin embargo, algunas sombras que me gustaría destacar:

–La ocupación del territorio por grandes plantas ha dado lugar a movimientos ciudadanos de rechazo social a estos proyectos. Existe un descontento y preocupación generalizada por parte de sectores poblacionales que ven altamente alterados los entornos rurales en los que viven por culpa de estos grandes proyectos.

–Las oportunidades de negocio y los márgenes de rentabilidades que representan la inversión en la generación de electricidad con renovables están desbordando las hipótesis más optimistas, lo que conlleva una agresividad en la obtención de permisos fuera de cualquier pauta de mercado, situación que debería estar estrictamente regulada y no dejada a la especulación, en su más amplio sentido. Se permite un modelo en el que predominan los grandes inversores sin ningún vínculo con el territorio donde la mejor ubicación es la más próxima al punto de conexión sin otras consideraciones territoriales, sociales y medioambientales.

–Tampoco se tiene en cuenta a la hora de solicitar nuevos proyectos el impacto acumulativo en zonas en las que ya existen proyectos renovables instalados. Definir un índice de saturación que tenga en cuenta el impacto de la acumulación de proyectos sobre un territorio podría ser una buena solución.

–A todo lo anterior hay que unir la baja participación de los municipios implicados en la toma de decisiones de la ubicación de los proyectos, sin que haya existido un estudio previo detallado de las zonas más idóneas, ni la repercusión de los proyectos en el sistema económico y social de los municipios. Entornos rurales, que además tienen bajos consumos de energía, sienten que su territorio se degrada con estas instalaciones. Estudios recientes realizados por la Fundación Renovables (1*) y la Universidad de Málaga (2*) alertan sobre estos problemas y los impactos que se están ocasionando.

Es preocupante también, la saturación de los nodos de conexión con grandes plantas fotovoltaicas, ya que puede lastrar el desarrollo de iniciativas municipales como son las comunidades energéticas y los sistemas de autoconsumo distribuido. Estos últimos han demostrado generar un ahorro importante a las familias que los instalan.

Este es otro aspecto en el que esta comunidad va retrasada: en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se definen las Comunidades de Energías Renovables como «entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras».

Son, por tanto, una gran oportunidad para los municipios de aprovechar los recursos renovables para disminuir su dependencia energética y contribuir a la transición energética. Sin embargo, de los 353 proyectos de comunidades energéticas que se han puesto en marcha en España sólo 20 están en Andalucía. Mientras que el 35% de los municipios vascos han emprendido iniciativas en este sentido, en Andalucía solo lo han hecho el 2%.

La transición energética demanda más autoconsumo, más comunidades energéticas con participación ciudadana y, sobre todo, más respeto por los territorios rurales y su modo de vida allí donde se instalan grandes plantas.

Sólo así, haremos posible que está transición, imprescindible para mitigar los efectos del cambio climático, genere beneficios sociales y se perciba como una oportunidad para mejorar la vida de los ciudadanos.