El caso que marcó la política andaluza en la última década

málaga. El 24 de abril de 2009, el PP en el Ayuntamiento de Sevilla denunció que dos exdirectivos de Mercasevilla intentaron cobrar una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de concederles la gestión de una escuela de hostelería. Aquel episodio, que podría enmarcarse dentro de lo que sería un episodio de corrupción a pequeña escala, fue el hilo del que empezó a tirar Mercedes Alaya -juez que se haría famosa así como su juzgado, el de Instrucción número 6-, para dar lugar al llamado 'caso ERE'. Una macrocausa, después dividida y cuya pieza política ya tiene sentencia (recurrible ante el Supremo), de alcance autonómico que golpeó al corazón de la Junta y que ha marcado la política andaluza de la última década.

En este periodo la comunidad ha celebrado tres elecciones autonómicas (2012, 2015 y 2018), se han producido dos relevos en la Presidencia de la Junta (Susana Díaz y Juanma Moreno) y han irrumpido en la escena política nuevos partidos como Ciudadanos, Podemos y Vox. El caso ERE, utilizado por el PP como arma de ataque y desgaste del PSOE, ha estado muy presente en el escenario político, mientras que en el plano judicial la instrucción de estos hechos y la toma de algunas decisiones por parte de Alaya coincidió con momentos políticos de calado como citas electorales o la toma de posesión de uno de los gobiernos socialistas andaluces. Unos hechos que provocaron en su momento la denuncia del PSOE por esta casual coincidencia, en una velada crítica a un supuesto intento de que las decisiones judiciales pudieran influir en el ámbito político.

Cuando a principios de 2011, la jueza abrió el 'caso ERE', el PSOE ya se encontraba en una posición complicada a nivel nacional a consecuencia de la crisis económica que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a adelantar las elecciones generales. En este contexto, el socialismo andaluz quedaba en una situación de debilidad. Además, en las elecciones municipales de ese año los socialistas sufrieron una derrota en Andalucía. Pocos días antes de esos comicios, Alaya había llamado a declarar a algunos de los imputados en el caso Mercasevilla como el entonces candidato de IU a la Alcaldía de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos.

En las generales de ese año, el PSOE-A sufrió un importante varapalo electoral en vísperas de la celebración de las elecciones autonómicas de marzo de 2012. En ese momento, las encuestas apuntaban a una victoria del PP en la región y la posibilidad de que se produjera un cambio en la Junta tras treinta años de gobiernos socialistas. El inicio de aquel 2012, en pleno clima preelectoral, estuvo marcado por la imputación por parte de Ayala del primer alto cargo de la Junta: el director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera. Poco después, la jueza acusó a la Junta de haber alterado 480 actas de los consejos de gobierno de la Junta ente 2001 y 2010.

La campaña electoral de las andaluzas arrancó con la declaración ante la juez Mercedes Alaya del exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso Javier Guerrero y cinco días antes de que los andaluces acudieran a votar, el chófer de éste, Juan Francisco Trujillo, declaró que parte del dinero de las ayudas que debían ir destinadas a cuestiones sociolaborales se gastó en fiestas y en cocaína; dio el detalle de que dilapidaban 25.000 euros al mes en drogas. El escenario auguraba una victoria del PP en los comicioos autonómicos como así sucedió pero insuficiente para gobernar. PSOE e IU firmaron un acuerdo para un Gobierno de coalición.

En noviembre de 2012 se cerró la comisión de investigación parlamentaria sobre este caso sin consenso en las conclusiones. Al año siguiente, en el verano, Griñán anunció que no repetiría como candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta y el partido abrió unas primarias. El mismo día que se convocó este proceso interno de los socialistas, el 2 de julio, la jueza instructora de los ERE imputó a la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez y a otros 19 cargos de la Junta.

En ese momento, de efervescencia política en el PSOE-A (Susana Díaz, Luis Planas y José Antonio Rodríguez optaban ser el candidato socialista a presidir la Junta), el cerco judicial sobre Griñán se fue estrechando y el 27 de agosto dimitió de su cargo, siendo sustituido por Díaz. El primer gobierno de la nueva presidenta tomó posesión el 10 de septiembre. Lo que se preveía como un acto sin sobresaltos, se vio alterado por la decisión de la jueza Mercedes Alaya de señalar a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán como imputados en el 'caso de los ERE' y a cinco exconsejeros, Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.

En 2015 Susana Díaz decidió romper el acuerdo de gobierno con IU en un momento en que se encontraba con fuerza política y adelantó las elecciones. Además hubo un cambio en el juzgado de los ERE, ya que Mercedes Alaya, que se incorporaba a su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla, fue sustituida por María Núñez Bolaños. El PSOE ganó los comicios y tras un periodo de 80 días de espera, Ciudadanos decidió apoyar su investidura en el Parlamento. A cambio, la formación naranja, que irrumpió en la política con la bandera de la regeneración, exigió las cabezas políticas de Chaves y Griñán, que tuvieron que dejar el partido. Ambos fueron finalmente procesados en junio de 2016.

Un año después, en diciembre de 2017, comenzó el juicio de la llamada pieza política del 'caso de los ERE', que quedó visto para sentencia un año después. En este periodo se celebraron elecciones autonómicas el 2 de diciembre de 2018 que provocaron un vuelco político en Andalucía ya que la irrupción de Vox permitió formar un gobierno de derechas entre el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la formación de Santiago Abascal y que por primera vez en Andalucía hubiera un gobierno sin el PSOE. La sombra de los ERE también estuvo sobre esta cita electoral, aunque pesó y mucho la irrupción de un partido como Vox. Ahora, el caso ERE ya tiene su primera sentencia judicial y queda la incógnita de si será el punto y final a su sombra alargada sobre la política andaluza.