La Junta pone en marcha su plan de choque con el que espera efectos inmediatos en la construcción de viviendas

El Gobierno andaluz espera que las medidas incluidas en la norma tenga efectos inmediatos, no en la entrada de viviendas en el mercado, pero sí en el inicio de la ejecución de proyectos inmobiliarios de vivienda asequible. El objetivo es que en cinco años se hayan construido 20.000 nuevas viviendas protegidas, con una inversión global inducida de 1.860 millones. Asimismo, se espera que el plan de choque dinamice la economía y el empleo en el sector de la construcción con 48.000 empleos directos y otros 20.000 indirectos.

Entre las medidas, detallas este lunes tras el Consejo de Gobierno por la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, destacan la ampliación de la oferta de solares para uso residencial protegido, el incremento de la densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, la creación de una bolsa de suelo con los ayuntamientos y la inclusión de promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El plan de choque parte de la base de que la crisis de la vivienda está provocada por una oferta insuficiente, por lo que las medidas del decreto van todas dirigidas a incrementar el suelo disponible e incentivar a construcción de viviendas asequibles, tanto para el alquiler como para la venta. En las negociaciones que durante meses el equipo de la Consejería ha mantenido con empresarios del sector, la principal cuestión que se ha puesto sobre la mesa es precisamente la falta de suelo donde desarrollar promociones.

Por ese motivo, una de las medidas que se incluirán, y con la que se persigue involucrar a los promotores en la construcción de viviendas protegidas, es la creación de una bolsa de suelo, que se hará en colaboración con los municipios de más de 100.000 habitantes. Los ayuntamientos tendrán tres meses para informar de los suelos que disponen de reserva de vivienda protegida, así como las parcelas que son susceptibles de acoger este tipo de viviendas con la aplicación de las medidas incluidas en la norma.

Según la consejera, los ayuntamientos tienen un papel indispensable para el éxito del plan de choque. «Nos van a ayudar a conseguir los suelos y van a ser colaboradores en agilizar toda la tramitación necesaria para su ejecución», asegura.

Asimismo, explicó que los promotores dispondrán un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permitirá comenzar la precomercialización en caso de venta, de modo que los promotores tendrán acceso a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento.

El decreto, además de estas medidas y las que el Gobierno andaluz ha ido anunciando durante las últimas semanas, incorpora incentivos a la construcción, con una línea de subvenciones a viviendas en alquiler asequible de hasta 30.000 euros por vivienda que se levanten sobre suelos públicos o privados y que se mantengan al menos durante veinte años. La primera convocatoria para estas ayudas se hará este mismo año.

Además, los promotores podrán acceder a préstamos de los fondos europeos Next Generation también para viviendas en alquiler asequible con el objetivo de aportar mejores condiciones que las del mercado. La Junta prevé un volumen de subvenciones de 272,3 millones de euros en cinco años para que promotores públicos y privados puedan construir viviendas protegidas.

Sobre el diagnóstico de que el principal problema a resolver es la falta de suelo y que lo más urgente a solucionar es el acceso a la vivienda de las personas con menores posibilidades económicas, la norma aprobada este lunes se marca como primer paso la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización.

De esa manera, mediante la aplicación del decreto se permite que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Además, se puede aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que las viviendas que allí se construyan sean protegidas.

En las parcelas para vivienda libre se podrá incrementar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad de manera proporcional si pasan a ser protegidas y en las parcelas ya destinadas para vivienda protegida, el incremento también podrá ser del 20% y la edificabilidad del 10%.

Además, se permitirá edificar viviendas protegidas en las parcelas, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística, siempre que se respeten una serie de límites que garantizan el equilibrio entre los usos residenciales y los equipamientos y la adecuada integración de las actuaciones en el entorno urbano.

Para acogerse a todas estas medias, el decreto-ley establece que las licencias para los proyectos deberán solicitarse en un plazo máximo de dos años y las viviendas deberán construirse en un máximo de tres. Para ello, será necesario un acuerdo municipal en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto, para aplicar las medidas en función del desequilibrio entre demanda de suelo para vivienda protegida y la oferta disponible.

También con el objetivo de incrementar el suelo disponible, se promueve la construcción de viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos. Esta medida ya estaba contemplada en la ley del Suelo (LISTA), pero la novedad que incorpora el decreto-ley es que esta compatibilidad se podrá aplicar sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social.

El plan de choque incorpora también la posibilidad de incorporar promociones de viviendas protegidas a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que supondrá una mayor agilización en su tramitación. Para ello, los proyectos deberán ser de al menos, 250 viviendas protegidas. También podrá asignarse el desarrollo de suelo residencial que contemple más de 500 viviendas, con la correspondiente reserva de suelo para vivienda protegida y que implemente medidas adicionales de desarrollo urbano sostenible. Esta incorporación a la Unidad Aceleradora de Proyecto deberá contar con el compromiso del correspondiente ayuntamiento de tramitar de urgencia todos los procedimientos que sean de su competencia.