La Junta liquidará Invercaria, envuelta en varios casos de presunta corrupción en la etapa socialista

En los próximos días está previsto que el gobierno andaluz apruebe y publique el decreto de disolución de Invercaria, según confirmaron fuentes consultadas por este periódico. Asimismo, añadieron, también se procederá a la supresión de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) –filial de la agencia IDEA–, también involucrada en presuntas irregularidades en la concesión de ayudas económicas a empresas andaluzas.

La decisión de liquidar Invercaria y Soprea se enmarca dentro del proceso de remodelación del sector público andaluz que ha emprendido el bipartito de PP y Ciudadanos para «poner orden» en el sector público empresarial tras conocerse recientemente las auditorías sobre el sector instrumental de la Junta, que detectaron duplicidades y una mala gestión bajo los mandatos del PSOE. Uno de los primeros pasos ha sido la creación de la agencia Trade, donde se fusionarán cuatro sociedades públicas: Extenda, la Fundación Andalucía Emprende, la Agencia de Innovación y Desarrollo Idea y la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Sobre el futuro de los trabajadores de Invercaria y Soprea, las fuentes consultadas explicaron que ahora se tendrá que analizar la situación en el marco del plan de mejora y optimización del sector público instrumental andaluz.

Invercaria fue creada en 2005 como entidad de capital riesgo con el objetivo de convertirse en socio financiero y estratégico de las empresas, especialmente del ámbito de la innovación, «participando temporalmente en el capital y proporcionando la financiación y el aporte de valor necesario para el crecimiento», según se recoge en su página web.

En 2012 el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía reveló anomalías en el funcionamiento de esta empresa pública de la Junta como el incumplimiento de las normativas sobre contrataciones y subvenciones, la concesión discrecional de préstamos, pagos irregulares a su personal directivo, y el uso injustificado de una tarjeta de crédito por su presidente, entre otras. En ese documento se desveló que se habían concedido 21,5 millones de euros sin control y se apuntaba a que no se iba a recuperar el dinero.

Fue el pistoletazo de salida para el inicio de la investigación judicial que dio lugar al denominado 'caso Invercaria', una macrocausa desgajada en una treintena de piezas separadas sobre posibles casos de corrupción en supuestas inversiones arbitrarias, millonarias y sin control en proyectos empresariales financiados con dinero público que resultaron fallidos.

Este caso, que saltó cuando ya se estaba investigando también el de los ERE, sacudió al gobierno andaluz del PSOE, especialmente cuando salió a la luz pública una grabación donde se oía la voz de la expresidenta Laura Gómiz, dando instrucciones a un trabajador, Cristóbal Cantos –que terminó denunciando los hechos–, para que falseara datos de los préstamos dados por Invercaria ante una auditoría que iba a realizar la Cámara de Cuentas.

Además de a tres expresidentes, este caso ha salpicado a los exconsejeros socialistas Francisco Vallejo, bajo cuya dirección se creó Invercaria, ligada a la Agencia Idea, el ente pagador de los ERE, y José María Martín Delgado, a quien el juez impuso una fianza de 1,3 millones de euros por la ayuda al Operador Aéreo Andalus, de la que era presidente, tras la apertura de juicio por un por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Asimismo, en otra de las piezas se procesó a Juan María González, exdirector de Promoción de Invercaria y sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González.

Entre las numerosas piezas investigadas y vinculadas a empresas andaluzas destaca, no por su cuantía (100.000 euros) sino por su singularidad, las ayudas concedidas por Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, con domicilio social en La Carolina –localidad de la que fue alcalde Vallejo–, para la comercialización de una supuesta 'línea erótica' de aceitunas de mesa gourmet y que terminó en concurso de acreedores. Por este caso fue condenado a tres años y medio de cárcel el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sahuquillo.

Por su parte, Soprea estuvo en el punto de mira de la justicia por la concesión de ayudas millonarias a empresas como la malagueña Isofotón a pesar de que conocía su mala situación financiera. Asimismo, informes administrativos detectaron que las ayudas concedidas a la sociedad de automoción Santana o la aeronaútica Alestis no se recuperaron y dejaron un agujero en la entidad.