Magdalena Álvarez pide la exclusión del delito de asociación ilícita en el juicio de los ERE

Esto implica que procesados a los que la Fiscalía no le pide cárcel, como Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, entre otros, se enfrentan por esta acusación del PP a una posible condena de prisión. Rafael Alcácer, abogado de la exministra de Fomento, expuso que esta acusación la hizo el PP de forma «sorpresiva» en su escrito de acusación con posterioridad a la conclusión de la instrucción y el auto de procesamiento del juez. Por ello considera que vulnera los derechos fundamentales de los enjuiciados de conocer de qué se les acusa antes de la vista oral. Los procesados prestaron declaración como investigados, pero nunca se les preguntó (tampoco los abogados del PP) por este supuesto delito que implicaría que los 22 confabularon entre ellos para delinquir.

Tampoco el instructor realizó prueba alguna relacionada con el mismo. Alcácer señaló que, según el Constitucional, nadie puede ser acusado de un delito en un juicio sin haber sido oído previamente por el juez instructor sobre el mismo.

Gonzalo Martínez-Fresneda, abogado de Gapar Zarrías, también se sumó a la petición del letrado de Álvarez y en su exposición llegó a acusar al PP de «politizar» el juicio, señalando no solo la inclusión del delito de asociación ilícita, sino también la petición de nuevos testigos con el mismo efecto sorpresa, en alusión a la petición del PP este lunes de que comparezca Susana Díaz como testigo. Martínez-Fresneda considera que ambos aspectos revelan un «interés extra procesal» del PP que podría suponer un «lastre» para el análisis de lo que se enjuicia.

También los abogados de Agustín Barberá y de la funcionaria Lourdes Medina se sumaron a la petición de exclusión de este delito. Pedro Apalategui, letrado de Barberá, calificó su inclusión por el PP de «extravagancia jurídica» que pone en cuestión el papel de las acusaciones populares en los juicios.

El abogado de Zarrías se sumó a la cuestión planteada el día antes por el letrado de José Antonio Griñán y Antonio Lozano sobre la nulidad de toda la instrucción desde que el juez Álvaro Martín se hiciera cargo de la misma en enero de 2016, al considerar que no era el juez natural por no ser el titular del juzgado. Martínez-Fresneda expuso, como José María Mohedano, que la instrucción desde entonces, incluido el auto de procedimiento abreviado o procesamiento de mayo de 2016, es «nula de pleno derecho». Anotó que a Álvaro Martín, juez de refuerzo en el número 6 de Sevilla, le fue adjudicada la instrucción de la pieza política «ad hoc» por un «acuerdo» que calificó de «inquietante» por considerársele el más «adecuado»

El tribunal también deberá deliberar sobre la petición del abogado de Carmen Martínez Aguayo, que ha solicitado que los acusados declaren después de los testigos y testimonios de los peritos.

El letrado del exconsejero José Antonio Viera solicitó, a su vez, la prescripción del delito de prevaricación por el que se le juzga al haber pasado diez años desde que dejó de ser consejero de Empleo (2004) y la fecha (2014) en el que el Tribunal Supremo (entonces era aforado)le acusó formalmente.

Viera también ha reclamado que no se le juzgue por malversación porque ya está siendo investigado por lo mismo en otras piezas y no puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Ha solicitado lo contrario que su sucesor, Antonio Fernández, que pide ser juzgado solo en la pieza política.