Magdalena Álvarez mantiene que no sabía cómo se gastaba el presupuesto en Empleo

Pertrechada con una montaña de folios subrayados, y con un tono en ocasiones altivo, se empeñó en corregir en numerosas ocasiones al Ministerio Público para aclarar el papel que jugó al frente de las cuentas andaluzas entre 1994 y 2004. La Fiscalía, que le solicita diez años de inhabilitación, sostiene que Álvarez introdujo el método que agilizaba los pagos y eludía los controles previos.

La exconsejera, que tuvo que dejar su cargo como vicepresidenta del BEI tras ser imputada, no se movió ni un ápice de la tesis de que Álvarez aprobaba la fórmula de pago, pero eran los responsables de Empleo quienes la gestionaban, por lo que ella no tuvo conocimiento de si fueron «indebidamente ejecutadas». «No sé nada del procedimiento interno de ninguna Consejería, no sabía que las ayudas las daba el director general de Empleo y no el consejero. Lo que hubo o dejó de haber ahí, yo no lo sé, porque mi labor terminaba en la fase prelegislativa», advirtió.

Según explicó, su función se limitaba a cuadrar las peticiones de gasto de las distintas Consejerías con las previsiones de ingresos, por lo que no tenía que tener conocimiento de la ejecución del mismo. Apuntó a una «mala interpretación» de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en cuyo informe se sustenta la acusación clave contra los exaltos cargos imputados, pensar que solo sirven para compensar las pérdidas de las cuentas de explotación de las entidades públicas, y no para el pago de las subvenciones.

La exconsejera insistió en que «no conocía» la normativa específica de concesión de ayudas de Empleo, pero que había un procedimiento «muy reglado» y fiscalización previa, como recogía la Ley de Presupuestos. «No conozco la diferencia entre subvención reglada o no reglada», dijo para dejar claro que para ella las subvenciones son eso y deben regirse por la legislación vigente. «Si lo hubo o lo dejó de haber no lo puedo saber, pues el control corresponde a la Intervención», dijo sobre las ayudas sociolaborales.

Y frente a los intentos del fiscal para entender cómo permitió las continuas modificaciones presupuestarias que provocaron las ayudas a empresas en quiebra y las prejubilaciones, respondió que las modificaciones presupuestarias era algo muy frecuente y que cada año se tramitaban hasta cuatro mil. «No me sé todas las modificaciones, eran cuatro mil al año», lo que sumando sus diez años como consejera de Hacienda, ella misma hizo la suma de las que vio, 40.000.

Álvarez se mostró contundente: Es un proceso «muy tasado y sin discrecionalidad alguna», que siempre lleva el informe favorable de la Intervención General. «Los de Hacienda entendemos y respetamos las competencias de los demás», subrayó, considerando un «error» creer que su departamento «lo controlaba todo». «Lo controla todo la Intervención General de la Junta», señaló. De esta forma, se desvinculó de las modificaciones presupuestarias de la Consejería de Empleo, justificando que decidiera gestionar sus recursos de una manera u otra.

También remarcó su defensa de la legalidad de las transferencias de financiación para pagar las ayudas a través del IFA y lo explicó con gestos de las manos. Frente a la tesis de la acusación de que se ocultaba la partida de los ERE al Parlamento, Álvarez aseguró que el Parlamento tenía conocimiento del fondo de las ayudas sociolaborales, ya que presentaban enmiendas para subir y bajar las partidas.