Maeztu expresa su deseo de seguir otros cinco años como Defensor del Pueblo

Adelante Andalucía se sumó al acuerdo con la condición de que una mujer fuera la titular de la Oficina del Defensor del Pueblo. PP y Cs lo aceptaron, pese a que el partido naranja ya le había manifestado a Maeztu su renovación. No hay prisa por sustituirle; de hecho no se prevé que Adelante ponga un nombre sobre la mesa hasta el nuevo periodo de sesiones del Parlamento en otoño, según fuentes consultadas por este periódico del Gobierno y de la formación izquierdista. Los grupos están contentos con su gestión y se quiere una «salida digna» para Maeztu, con 76 años, abogado y antes sacerdote, y con una experiencia larga en trabajo social. Maeztu ha demostrado además interés en seguir como Defensor en la cumbre de defensores preparada por él para este otoño con la inmigración como asunto de debate. De ahí que su salida no se planteará hasta después de ello.

Parece, sin embargo, que el espaldarazo a su gestión y el visto bueno a su continuidad hasta el consenso sobre su sustituta ha sido interpretado por Maeztu de otra forma. En la comparecencia hoy en el Parlamento para presentar el informe del menor de 2018, Jesús Maeztu ha informado a los periodistas haber recibido una propuesta para seguir al frente de la oficina que sería apoyada por PP, PSOE y Cs. Ha dado por hecho que es para todo el mandato y que se trata de una renovación en regla, es decir con el voto ponderado del Parlamento. Considera además que los cuatro partidos suman la mayoría necesaria de la Cámara, por lo que lo da por hecho aunque no concite el respaldo de Adelante ni de Vox. «Me lo he planteado muy en serio, pero no quiero dejar esta pasión, de modo que doy el paso y acepto con todas las consecuencias el mandato de cinco años si los órganos parlamentarios lo formalizan ya«, ha manifestado para remarcar: »estoy dispuesto«.

Estas declaraciones contradicen el acuerdo de PP y Cs con Adelante Andalucía. El Gobierno interpreta que lo que hace Maeztu es solo expresar su deseo y disponibilidad para seguir otro mandato. Fuentes de la Junta insisten en que el acuerdo con Adelante Andalucía se respetará, si bien también admiten que «no hay fecha para la renovación». Adelante tiene pensado presentar su propuesta en otoño. Maeztu fue elegido Defensor en 2013 con el consenso de PP, PSOE e IU, entonces los únicos grupos de la Cámara.

El informe de 2018 de los trabajos del Defensor sobre los problemas de niños y niñas en Andalucía incide en la pobreza infantil y la situación de los menores inmigrantes como años anteriores, pero esta vez Jesús Maeztu ha querido subrayar una preocupación creciente sobre el riesgo de adicción a los juegos de azar de los chavales. «Es un fenómeno en auge sin respuestas» y que «sobrecoge», ha avisado el Defensor.

Los centros de tratamiento de los ambulatorios de la Comunidad autónoma registraron 686 menores tratados por adicciones. De ellos un 1,9% lo han sido por juego patológico. En 2009 ese porcentaje era de 1,3%. Maeztu advierte, sin embargo, de que los estudios no son muy concretos en datos y el porcentaje podría ser mayor. «Estamos ante el auge de un problema sin respuesta, que se acrecienta con los móviles y que se nos ha ido de la manos por leyes antiguas que no concretan y que están provocando situaciones en los menores y sus familias que sobrecogen», apunta el Defensor. Muestra su preocupación también porque el problema de la adicción al juego de azar a través de plataformas telemáticas puede provocar la pérdida de una generación y reclama medidas contra la publicidad de esos juegos 'on line' que enganchan a los jóvenes.

El Informe Anual del Menor, que Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, recoge 4.931 actuaciones, con 2.293 quejas. Las reclamaciones más numerosas afectaron a asuntos del sistema de protección, justicia juvenil y familias, con 732 expedientes, entre las que se encuentran asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos o los expedientes por el carné de familia numerosa. Le siguieron las quejas sobre educación (688); vivienda (323) y servicios sociales (177).