Los límites de la política espectáculo

El espectáculo en el pleno del Parlamento consistió en abstenerse en la votación de la enmienda a la totalidad a la nueva ley del suelo y urbanística, lo que impidió que el texto, que venía a derogar una norma de 1994 y otra de 2001 iniciara su trámite parlamentario. Para el Gobierno, se trataba de una herramienta fundamental para impulsar la recuperación el sector de la construcción, con un peso insoslayable en la economía andaluza.

En el equipo de la consejera Marifran Carazo lamentaban esa tarde en los pasillos del Parlamento que el proyecto, en el que llevaban trabajando 20 meses, cayera en el hemiciclo justo el día en el que Vox había elegido para escenificar su cambio de estrategia y recordarle al Gobierno que sin sus votos está en minoría frente a la izquierda.

La enmienda fue presentada por Adelante Andalucía (Unidas Podemos), que está en desacuerdo con uno los aspectos sustanciales de la ley: la que divide la calificación del suelo solamente en urbano y rústico y plantea excepciones para poder construir en este último que ese grupo político considera excesivas. En su opinión, la norma puede llevar a Andalucía a reescribir el capítulo de los pelotazos urbanísticos que inflaron la burbuja inmobiliaria hasta el estallido de 2008.

Nada de este planteamiento, ajustado a los parámetros políticos e ideológicos de lo que hoy es Unidas Podemos por Andalucía, es compartido por Vox. Durante toda la tramitación previa, los parlamentarios de esta formación no cuestionaron el fondo de la ley, y a la hora de hacer aportaciones se limitaron a proponer una modificación, que fue aceptada, para que las cuevas de Guadix, en la provincia de Granada, pasaran a ser consideradas viviendas.

Si la intención de Vox era dar un toque de atención al Gobierno se podría haber limitado a impedir el consenso, como hizo, para evitar la aprobación por lectura única de la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía y dejar a la Junta sin la capacidad de confinar perimetralmente los municipios más afectados por el Covid. Pero alguien debió haber evaluado que con eso no alcanzaba. En una postura que coquetea con el negacionismo, Vox siempre se ha mostrado reticente a las medidas restrictivas implantadas para combatir la pandemia. Su veto a la reforma de la ley, que contaba con el respaldo de todos los grupos pero requería de unanimidad, fue coherente con las posiciones mantenidas hasta ahora. Al fin y al cabo, el partido de Abascal no tiene responsabilidades de gobierno.

Pero necesitaban algo más: dejar en claro que pueden dejar en minoría a los partidos que sustentan al gobierno andaluz y que no se van a cortar un pelo si para ello tienen que dejar que la izquierda se lleve una victoria parlamentaria. La Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía simplemente pasaba por ahí. Estaba, como las víctimas colaterales de los tiroteos a los que alcanza una bala perdida, en el lugar y en el momento equivocados.

Los motivos por los que el PSOE, el grupo más numeroso de la cámara y que no presentó su propia enmienda a la totalidad, cedió la iniciativa a Adelante en la primera derrota parlamentaria del Gobierno, no han sido suficientemente explicados. Sus diputados aseguran que ya habían expresado hace una semana su disconformidad con la ley, con la que compartían su intención de agilizar los trámites urbanísticos pero no la laxitud con la que se trata al suelo rústico.

Más allá de la postura socialista, la incógnita reside en cuál será la estrategia de Vox de ahora en más. Si permitir que se consolide el proceso de cambio político iniciado tras las elecciones de 2018 o forzar un salto hacia la siguiente etapa, de destino ignoto. La incógnita es mayúscula porque frente a los partidos andaluces que fijan objetivos en clave autonómica -para el PP, consolidarse en el poder después de 37 años en la oposición; para el PSOE, impedir esa consolidación e intentar la reconquista- los objetivos de Vox están en clave nacional y se deciden en Madrid. Y generalmente, cuando las decisiones se adoptan con el trazo grueso de los análisis realizados a la distancia suelen fallar. La mejor prueba es que la decisión sobre una ley urbanística en Andalucía fue tomada a partir de un problema, la crisis diplomática con Marruecos que desencadenó una crisis migratoria a la que Vox llama invasión, que nada tenía que ver ni con la política ni con las competencias autonómicas.

En el PP, y también en Ciudadanos, existe la convicción de que es necesario terminar la legislatura. No sólo porque parar la maquinaria en este momento por motivos electorales no se entendería por gran parte de la ciudadanía -ya hay suficientes antecedentes en los que quienes convocaron elecciones de manera anticipada por conveniencia electoral acabaron siendo castigados en las urnas-, sino porque pese a lo que dicen las encuestas saben que el tiempo juega a su favor. No es lo mismo ir a unas elecciones en plena crisis económica que cuando los frutos de la esperada recuperación hayan comenzado a verse. Para el partido naranja, además, la única, mínima, esperanza de repetir en el Parlamento (y quien sabe si en el gobierno) pasa por presentarse ante el electorado como un partido que ha sido útil para un cambio a mejor.

Y ahí reside el dilema que debe resolver Vox. Forzar una crisis política en medio de una crisis sanitaria y económica le puede valer para contentar a los convencidos, pero difícilmente le valdrá para seguir horadando en la base electoral del PP, de la que se nutre. La referencia de Madrid puede llevarles a engaño. En esa comunidad, la base electoral de Ayuso se ensanchó cuando la presidenta decidió hacer suyas algunas de las banderas de Vox. Pero en Andalucía, la estrategia de Moreno Bonilla consiste en todo lo contrario: crecer bajo el paraguas de la moderación y no animar a volver a las urnas al electorado socialista que hace dos años y medio se quedó en casa. Eso deja un ancho espacio a Vox si ese partido sabe jugar sus cartas.

En el PP, donde ya han recuperado casi todo el voto que se le fue a Ciudadanos, están seguros de que una política de Vox que se visualice como desestabilizadora del primer gobierno no socialista en Andalucía después de 37 años no hará otra cosa que frenar la sangría que sufrió en su flanco derecho y recuperar también muchos de esos votos. Están convencidos de que quien no demuestre ser útil lo acabará pagando.