La limitación de mandatos en Andalucía toma forma esta semana

El Gobierno PP-Cs se propone aprobar este próximo martes su primer proyecto de ley. En realidad es una reforma de la Ley del Gobierno de Andalucía de 2006 para la limitación de mandatos del presidente y los consejeros. Tampoco es nueva. Ya hubo un proyecto de ley del PP tramitado en el Parlamento la pasada legislatura para reformar la norma con la acotación de tiempo en los citados cargos. Con esta iniciativa, PP y Cs siguen adelante con el cumplimiento de su acuerdo para los primeros cien días, que se cumplirá en los primeros días de mayo, pero que pretenden conmemorar con un balance esta próxima semana y la comentada ley en víspera de las elecciones generales.

Juanma Moreno y Juan Marín han compartido el anuncio de la norma como han hecho con otras iniciativas llevadas al Consejo de Gobierno. Andalucía se convertirá en la quinta comunidad autónoma en ponerla en práctica, después de Castilla-la Mancha, Castilla-León, Extremadura y Murcia. Andalucía pudo haberlo aprobado la pasada legislatura. La norma del PP fue admitida a trámite en el Parlamento sin votos en contra y siguió su curso sin problemas hasta que un informe del Consejo Consultivo a propuesta de la Consejería de Presidencia de la Junta hizo que la iniciativa quedara aparcada. El Consultivo puso reparos a que la limitación de mandatos pudiera hacerse sin la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que no aparece nada similar.

El PP no quiso dar más guerra entonces sobre este asunto debido a las discrepancias entre dirigentes de este partido sobre su aplicación. Aunque Rajoy llegó a un acuerdo con Cs para su aprobación, el Gobierno popular no le dio curso y fue el partido de Albert Rivera el que la impulsó en el Congreso el pasado 2017.

Los populares andaluces albergaban dudas sobre si la aprobación en Andalucía situaría a Rajoy en una situación complicada si decidiera volver a concurrir a las cuartas elecciones en 2020. Entonces no se barruntaba la moción de censura de Pedro Sánchez. Había otra paradoja, la de Alberto Núñez Feijóo, al que el PP presionó en 2016 para que volviera a presentarse por tercera vez en Galicia, lo que hizo y ganó por mayoría absoluta.

PP y PSOE han compartido las mismas dudas y contradicciones sobre la limitación de mandatos en España. Aún defendiéndolas en unos territorios, les ponen trabas en otros. Los argumentos son parecidos, la duda sobre su constitucionalidad si no está incluida en la Carta Magna y en los estatutos autonómicos, pese a que en las comunidades mencionadas se puso en práctica con reformas de leyes de gobierno parecidas a la que ahora PP y Cs quieren reformar en Andalucía.

PP y Cs deben solventar el escollo del Consejo Consultivo de Andalucía, organismo de extracción parlamentaria que, por cierto, se comprometieron a suprimir en el acuerdo de gobierno pactado en enero. En la actualidad, en el Consejo Consultivo, cuyo nombramientos de miembros depende del ejecutivo, solo hay representantes del PSOE, dado que Susana Díaz no quiso renovar al único del PP el pasado año. También la futura norma que apruebe el bipartito deberá esclarecer si la limitación es de dos legislaturas o de ocho años, ya que pueden darse legislaturas de un año, el tiempo mínimo para una nueva convocatoria electoral desde la última.

Lo único claro es la gran coincidencia de Juanma Moreno y Juan Marín en la iniciativa, al contrario de lo que pasó en la pasada legislatura en el acuerdo de investidura del PSOE con Cs. Los socialistas andaluces siguen argumentando, como con la supresión de los aforamientos, la necesaria inclusión de ambos cambios en el Estatuto de Autonomía. Algunos populares también lo piensan y sostienen en privado sus reparos.

La limitación de mandato de los presidentes parte de regímenes presidenciales como los de Estados Unidos y Francia, donde están acotados a ocho años seguidos. En España la primera comunidad en ponerlo en práctica fue Castilla la Mancha en 2003 y, paradójicamente, quien la impulsó fue José Bono, el político con más años al frente de su gobierno, 21. Bono introdujo un resquicio, el de que puede investirse presidente pasados cuatro años de haber dejado el cargo. En Extremadura, donde Juan Carlos Rodríguez Ibarra estuvo 24 años al frente de su ejecutivo, los socialistas se abstuvieron cuando se votó la reforma en 2014.

El PP comenzó a impulsar la limitación en Andalucía cuando gobernaba Manuel Chaves, presidente 19 años. Sus sucesores han estado menos: cinco años Griñán y cinco años Susana Díaz. Rafael Escuredo, el primer presidente elegido por el Parlamento, solo estuvo en el cargo dos años, mientras que José Rodríguez de la Borbolla ejerció seis años. A todos les movieron las sillas sus propios compañeros de partido, incluido Chaves, al que se lo llevó Zapatero al Gobierno como vicepresidente para favorecer el relevo. Susana Díaz ha sido la primera en ser relevada por las urnas y el Parlamento sin cumplir los ocho años que marcará la ley como tope. Los primeros afectados con la limitación serán sus impulsores: Juanma Moreno y Juan Marín.