La ley para regularizar regadíos en Doñana supera su último trámite

Esta brecha entre posturas políticas enfrentadas, es reflejo de la brecha social que esta iniciativa ha abierto. De un lado, la mayoría de los agricultores, colectivos empresariales y alcaldes de la zona; del otro, la mayor parte de la comunidad científica y las organizaciones ecologistas. Bajo esta división de opiniones, la propuesta llegará la próxima semana al pleno del Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, El Partido Popular y Vox, que suman casi dos tercios de los escaños de la Cámara, garantizan sacarla adelante

Las posturas de los grupos volvieron a quedar de manifiesto este martes en la comisión parlamentaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, donde el dictamen que se llevará a pleno fue aprobado con los doce votos a favor de PP y Vox y el rechazo de los siete miembros del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía. La comisión sólo aprobó la inclusión en el texto original de una enmienda técnica presentada por el PP y rechazó las ocho formuladas por la federación Ecologistas en Acción, que habían sido asumidas por los grupos de Por Andalucía y Adelante. El PSOE se abstuvo en esa votación.

En el debate, tanto el PSOE como los otros grupos de la izquierda insistieron en la necesidad de retirar la iniciativa y llamaron la atención sobre el daño que la norma, de ser aprobada, causará al Parque Nacional y a la imagen de los sectores productivos del condado de Huelva. El socialista Mario Jiménez dijo además que el texto presentado «es una chapuza en términos jurídicos que ofende al Parlamento» y reprochó al Partido Popular que haya asumido lo que a su juicio son tesis negacionistas de la extrema derecha en contra de la opinión de la comunidad científica e instituciones internacionales como la Unesco.

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, mostró su confianza en que la ley nunca llegue a aplicarse. «Somos optimistas –señaló- no se cargarán el parque porque alguien hará lo que tiene que hacer». La portavoz de la coalición de izquierdas confesó que siempre creyó que la propuesta nunca llegaría a este punto de su tramitación. «Los argumentos están del lado de la sensatez, de la ciencia y de la viabilidad del Parque Nacional, en unas posiciones diametralmente opuestas a las que pone este texto», argumentó.

Para Maribel Mora, de Adelante Andalucía, se trata de una ley que rompe la igualdad entre los ciudadanos porque amnistía a personas que en su día incumplieron las normas al perforar pozos ilegales para continuar con una actividad agrícola en terrenos que no estaban calificados para ello. Según Mora, la intención de la Junta es «quitarse el marrón de encima» al recalificar esos terrenos para pasárselo a la Administración central, que es la que tiene la competencia para aprobar los derechos de riego.

En el Partido Popular, su portavoz para esta propuesta, Manuel Andrés González, defendió la propuesta porque, aseguró, viene a dar respuesta a una injusticia cometida durante los años de gobiernos socialistas y rechazó que se trate de una amnistía o que se haya prometido agua a los agricultores.

Rafael Segovia, de Vox, eludió entrar en el debate de fondo y se limitó asegurar que se trata de un acto de justicia y a argumentar que se trata de una ley que no alude al agua, sino a la ordenación del territorio.