Las nuevas incompatibilidades de los altos cargos que dejen la Junta quedarán fijadas por ley

Entre las cuestiones que regulará la futura ley figurará un seguimiento estricto de las incompatibilidades en las que pudieran incurrir los altos cargos cuando dejen de ejercer su función y el objetivo, según explican fuentes de la Consejería, es evitar que la nueva ley incurra en ambigüedades que dejen abierta la puerta a interpretaciones equívocas.

Otro de los asuntos que se abordará es el de las cesantías que podrán percibir aquellos altos cargos que tras haber ejercido en la Administración andaluza se vean imposibilitados de volver o entrar al sector privado sin incurrir en un conflicto de intereses.

Actualmente solamente se percibe el equivalente a un mes de salario por año trabajado, por lo que un alto cargo que haya estado en la Administración durante una legislatura completa solamente percibe esa compensación durante cuatro meses y podría darse el caso de que transcurrido ese tiempo no pudiera volver a trabajar por incurrir en incompatibilidad y tampoco percibiera ingresos. La idea sobre la que se trabaja en la Consejería es estirar ese derecho hasta los dos años, aunque ello obligaría a dotar a la nueva norma del correspondiente respaldo presupuestario.

El consejero, José Antonio Nieto, señaló que se persigue el doble objetivo de que ninguna persona que decida aprovecharse de su cargo público para conseguirse un contrato en la privada lo pueda hacer y al mismo tiempo establecer garantías para atraer talento del sector privado a la Administración autonómica sin que entrar a la Junta suponga un lastre para quienes después de un periodo en el servicio público quieran regresar a la empresa privada.

A estas medidas se sumarán las contenidas en un decreto ley ya en vigor tras ser aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de mayo y que el Parlamento ha validado este miércoles con los votos a favor del Grupo Popular y Vox (68) y el rechazo del PSOE-A, Por Andalucía y Adelante (34).

Este decreto es consecuencia, según explicó el consejero, José Antonio Nieto, de la necesidad de corregir de forma urgente el vacío existente en la actualidad y que puso en evidencia el caso de Miguel Ángel Guzmán, el exviceconsejero de Salud cuyo frustrado pase a la aseguradora privada Asisa levantó una tormenta de críticas al considerarse que incurría en un supuesto de conflicto de intereses.

La norma convalidada este miércoles obliga a los altos cargos que dejen la Junta a solicitar un informe de incompatibilidad si son contratados por una empresa privada. Hasta ahora, según explicó Nieto, no existía procedimiento fijado, ni se establecía qué había que informar, ni a quién, ni cómo, ni qué efectos tiene no hacerlo. Esta situación, según el consejero, suponía una falta de transparencia y seguridad jurídica no admisible en esta época. Con este decreto, no hacer la solicitud ya se considera una falta grave y equivale a incurrir en un conflicto de intereses.

El diputado Pablo Venzal, que defendió la convalidación del decreto por el Grupo Popular, aseguró que el decreto viene a responder a una inquietud de la ciudadanía ante la inseguridad jurídica creada y perpetuada durante los años de gobierno socialista. Subrayó también que extiende la incompatibilidad de una empresa 'ad hoc' a cualquier clase y grupo de empresas que tenga que ver con un beneficiario que haya trabajado en la Administración.

El socialista Víctor Torres fundamentó el voto en contra de su grupo en que se trata de una medida cosmética que no afronta de cara la raíz del problema.

José Antonio Gómez Jurado, de Por Andalucía, lamentó que solamente se ponga el foco en los presuntos corruptos y no en los corruptores, es decir en las empresas que pudieran ofrecer prebendas a los altos cargos. En su opinión, el decreto refrendado no modifica en nada la actual situación, ya que plantea medidas ya recogidas en otras normas.

Para José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, el decreto legaliza las puertas giratorias, que en su opinión el Gobierno andaluz no tiene intención de erradicar.