La ley de economía circular sale adelante con acuerdo del PP y el PSOE

La ley, con 94 artículos, persigue la disminución del impacto medioambiental de los procesos productivos , mediante la reconversión de los residuos en recursos, según explicó el consejero Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco una vez concluido el debate. Su aprobación supondrá la creación de una Oficina de Economía Circular, que será una unidad administrativa que asesorará, dinamizará, coordinará y gestionará todo lo relacionado con la norma.

Asimismo establece mecanismos para ofrecer a los ayuntamientos instrumentos de planificación para que implanten medidas en materia de gestión de residuos y favorece la contratación ecológica primando la inclusión de criterios ambientales en la contratación por parte de administraciones públicas.

También se pretende que las empresas procuren recursos a partir de residuos y que estos salgan al mercado, dando lugar así al crecimiento de la industria del reciclaje.

Con su aprobación, según destacó la portavoz del PP en el debate final, Araceli Cabello, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en fomentar mediante una norma con rango de ley el uso racional de los recursos.

La ley, que tuvo un recorrido largo después de que el Gobierno la rescatara al inicio de la actual legislatura tras truncarse su aprobación en la anterior, supondrá, según la socialista Mercedes Gámez, un cambio de paradigma en la próxima economía en consonancia con los cambios sociales que ya se han producido.

La tramitación de la norma desde su inicio reflejó los diferentes puntos de vista con que los partidos políticos afrontan el debate de la preservación del medio ambiente. Cabello -que reemplazó en el debate a José Ramón Carmona, ponente durante todo el proceso pero ausente por enfermedad en el debate final- explicó que la norma coloca una alfombra roja al proceso industrial y al uso racional de los recursos y que el objetivo sigue siendo seducir inversores y atraer empresas.

Para los socialistas, que presentaron 102 enmiendas de las que se aceptaron 61, la ley supone un avance, aunque se queda corta en algunos aspectos. El PSOE-A mantuvo vivas hasta el final tres enmiendas que finalmente no se incorporaron al texto final al ser rechazadas por el PP y que proponían que se explicitara qué se entiende por rehabilitación y que se incluyeran el concepto de movilidad sostenible y medidas de adaptación a impuestos sobre vertederos e incineración.

Más a la izquierda no hubo rechazo a la ley, pero sí críticas por considerar que el texto aprobado es insuficiente para afrontar los desafíos que el medio ambiente tiene por delante. Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía, consideró que el texto es poco ambicioso y prioriza el negocio, mientras que José Ignacio García, de Adelante Andalucía, criticó la falta de concreción. En su opinión, se trata de una norma que no obliga a nadie y tiene como prioridad facilitar el negocio de las grandes empresas de reciclaje. Al momento de la votación, ambos grupos optaron por la abstención.

Vox fue el único grupo que se posicionó en contra y lo hizo de manera rotunda. Su parlamentario Rodrigo Alonso abogó por «alejar a los ciudadanos de la agenda 2030 y del marco verde europeo, de la agenda globalista que nadie ha votado». En su opinión, la transición ecológica destruye la identidad del país y supone un camino «hacia la pobreza económica, social y moral».