Los letrados consideran que el proyecto del cambio del reglamento del Parlamento no encaja en la Constitución

La propuesta elaborada por cuatro de cinco grupos políticos del Parlamento de Andalucía para reformar el reglamento de la cámara y blindarla contra futuros episodios de transfuguismo puede colisionar en algunos de sus aspectos con la Constitución. Así lo advierte un informe de los letrados del Parlamento en un informe conocido unas horas antes de que el texto iniciara su trámite parlamentario.

Pese a esta advertencia, el pleno ha aprobado este miércoles a propuesta de los grupos socialista, popular, de Ciudadanos y de Adelante Andalucía iniciar su tratamiento parlamentario mediante su toma en consideración. La propuesta salió adelante con la abstención de Vox y el voto en contra de los parlamentarios no adscritos, desplazados recientemente del grupo de Adelante y que sostienen que la reforma supone un traje a medida para avalar su expulsión.

El informe de los letrados aconseja a la cámara «una revisión detenida del texto», recomendación que los diputados autonómicos aún están a tiempo se seguir durante el proceso de debate y aprobación del nuevo reglamento, al que le quedan aún por delante al menos tres meses de proceso parlamentario.

En el informe se cuestionan principalmente dos aspectos del nuevo reglamento propuesto. Uno de ellos es la subordinación de los grupos parlamentarios al sujeto político (partido o coalición) por el que los diputados autonómicos accedieron a sus actas. Entre otras medidas la reforma propuesta establece que para constituir grupo parlamentario debe constar la autorización del sujeto político que presentó la candidatura. «Con esta autorización -sostiene el informe- se está produciendo un cambio en la configuración de los grupos parlamentarios, que dejarán de ser agrupaciones de parlamentarios en torno a los que se articula la vida del Parlamento y el ejercicio de las funciones parlamentarias para convertirse en órganos de los partidos políticos». Los letrados indican que existen dudas sobre la constitucionalidad del precepto, ya que esta exigencia podría suponer el reconocimiento expreso de la existencia de una «relación de subordinación del grupo parlamentario respecto del sujeto político que presentó la candidatura, así como la existencia de un vínculo jurídico entre ambos que puede tener grandes repercusiones sobre la actual configuración de los grupos parlamentarios y de la representación política sostenida hasta ahora por el Tribunal Constitucional».

En ese sentido, aunque es una cuestión que se encuentra en pleno debate doctrinario, «parece dudoso que en el momento actual se pueda defender» , ya que el Constitucional ha reconocido que la facultad de constituir grupo corresponde a los diputados y el mandato libre con el que se consagran los derechos de los representantes elegidos en las urnas «supone la exclusión del sometimiento jurídico del representante a voluntades politicas ajenas».

El informe de los letrados también advierte de la inseguridad jurídica que se advierte en el apartado que se refiere a las causas de la expulsión de un diputado de su grupo político. Se tratan de supuestos que, señalan los letrados, no dependen de un elemento objetivo, sino que «se conectan con la traición, concepto difícilmente aprensible y con un componente altamente subjetivo cuya existencia dependerá de los sentimientos o de otros componentes psicológicos de quien la aprecie».

Los letrados también señalan que no todos los supuestos de transfuguismo son iguales, al indicarse que la separación del diputado del criterio político fijado por el sujeto en cuya candidatura se presentó a las elecciones no se mide mediante unos criterios objetivos. En este supuesto, advierte, a diferencia del abandono, la baja por esta causa atenta contra el principio de libertad actualmente vigente.