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Los servicios jurídicos del Parlamento han informado en contra de la reprobación de los gobiernos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y de Susana Díaz propuesta por Adelante Andalucía en una proposición no de ley (PNL). El grupo de Podemos-IU había elevado a la Mesa del Parlamento esta reprobación en el caso de los ejecutivos de Chaves y Griñán por idear un sistema «ilegal» de las ayudas sociolaborales tras la sentencia de la pieza política del 'caso de los ERE'; y en el de Susana Díaz por considerar que había dificultado la devolución del dinero al retirarse la Junta como acusación en el juicio. La Mesa del Parlamento decidió posponer su admisión a trámite hasta conocer un informe jurídico solicitado a los letrados, dado que hay antecedentes de peticiones similares que fueron rechazadas.
En concreto, en 2012, los letrados informaron en contra de la reprobación del exdiputado de Izquierda Unida Juan Manuel Sánchez Gordillo a propuesta del PP con los mismos argumentos que ahora esgrimen los servicios jurídicos para rechazar la reprobación de Susana Díaz. En el informe firmado por el letrado Manuel Carrasco, este aduce que el Parlamento no puede reprobar a sus diputados y diputadas porque «sería como reprobarse a sí mismo». También añade que «podría alterar los equilibrios entre opciones de la mayoría y de la minoría en los que se fundamenta el funcionamiento del régimen parlamentario«; y »desvirtuaría la naturaleza« de la Cámara autonómica para convertirla en un instrumento de »reproche cruzado« entre los parlamentarios de distintas fuerzas políticas. En una »hipótesis extrema, pero no imposible«, sería un método de la mayoría política de cada momento para »recriminar y dejar en evidencia a los diputados de la minoría política, a sus ideas e, indirectamente, al sector de la ciudadanía que comparta su actuación e ideología«, añade el letrado. Adelante Andalucía solo cuenta con 17 diputados en la Cámara de los 109, por lo que necesitaría de los representantes de la derecha para sacar adelante su iniciativa de reprobación a Díaz y sus gobiernos. Tanto PP como Cs y Vox han solicitado, como también Adelante Andalucía, la dimisión de Susana Díaz por la sentencia de los ERE. Se da la paradoja de que Izquierda Unida, integrada en Adelante, formó parte de los gobiernos de Griñán y Díaz entre 2012 y 2015.
En cuanto a la reprobación solicitada para los expresidentes Chaves y Griñán y sus gobiernos, el informe del letrado, de 26 páginas, cuestiona que la reprobación pueda ser el medio para censurar a los presidentes del Gobierno autonómico, señalando que el Estatuto de Autonomía y la Constitución contempla para ello un«instrumento específico, que es la moción de censura» o con el rechazo a una moción de confianza. «No cabe utilizar la PNL como mecanismo para proponer la reprobación del presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno que de él depende o del Consejo de Gobierno en pleno», arguye el informe. Pero como se trata de presidentes no ya en ejercicio, sino del pasado, el letrado sostiene que de tener cabida su reprobación, «la inadmisión de la misma quedaría privada de sentido ya que bastaría con dejar pasar el tiempo y esperar al cambio de la relación entre mayoría y minorías políticas en el Parlamento a consecuencia de unas elecciones para llevar a cabo lo que anteriormente se consideró inadmisible».
La Mesa del Parlamento decidirá la próxima semana si admite o no la propuesta de Adelante Andalucía una vez conocido el informe jurídico de los letrados, que no es vinculante.
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