La Junta vuelve a llevar al Parlamento el mismo texto de la ley del suelo reprobado hace menos de un mes

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado volver a enviar al Parlamento la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que el pasado 21 de mayo fue devuelta al salir adelante una enmienda a la totalidad presentada por el Adelante Andalucía -Unidas Podemos y respaldada por PSOE. El texto, que en aquella oportunidad no pudo iniciar su trámite parlamentario debido a que la abstención de Vox dejó en minoría a los partidos que sustentan al Gobierno de la Junta, será remitido al Parlamento sin modificaciones.

El Gobierno andaluz espera que en esta ocasión pueda superar el primer escollo y comenzar el trámite parlamentario, en el que se ha mostrado abierto a negociar modificaciones con los grupos políticos. Así lo ha anunciado este martes tras el Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, que aseguró que su el Ejecutivo andaluz tiene «la mano tendida» a los grupos parlamentarios.

Bendodo indicó que aunque espera alcanzar un acuerdo con sus socios parlamentarios de Vox, el debate sobre la LISTA pondrá a prueba el nuevo liderazgo en el PSOE, ya que el triunfador en las primarias, Juan Espadas, ha asegurado que el suyo es un proyecto municipalista y esa es precisamente la principal característica de esta ley.

En referencia a los socialistas, el portavoz señaló que espera «que se den cuenta que han tirado por la borda dos años y medio siendo oposición a todo» y mostró su confianza en que el anuncio de Espadas de una oposición constructiva se traslade al conjunto del grupo parlamentario. «El PSOE tiene una oportunidad de oro de demostrar que algo ha cambiado», dijo Bendodo, que no obstante desligó la decisión del Gobierno andaluz de volver a enviar la ley al Congreso del nuevo liderazgo socialista. «Volvemos a insistir porque tiene que entrar cuanto antes -dijo-, es una ley imprescindible para la recuperación económica».

El consejero de Presidencia subrayó que con la aprobación de la ley se alcanzarían tres objetivos importantes: la simplificación normativa, ya que se derogan 20 leyes y decretos; la agilización en la tramitación de los planes generales de ordenación urbana, que actualmente se prolonga durante una década y que ahora saldrían en un año y medio, y la regularización de 300.000 viviendas que actualmente se encuentran en un limbo legal.