La Junta venderá sedes judiciales sin uso para financiar su Plan de Infraestructuras

La previsión es poder destinar la recaudación de esa enajenación del patrimonio judicial, que se espera alcance los 185 millones de euros, a la renovación de parte de los 85 partidos judiciales que hay en la comunidad repartidos en 156 edificios. Ésta es una de las fórmulas de financiación del citado plan andaluz de infraestructuras judiciales, que necesitará de una inversión que alcanzará los 1.500 millones. Esta planificación se plantea como objetivo reducir a «mínima expresión» los onerosos contratos de alquiler, pasando de los 96 actuales, que suponen a las arcas autonómicas un coste de 17,3 millones, a no más de siete contratos y dejar este gasto en arrendamientos en tan solo 1,8 millones.

Por el momento, son cuatro los bienes inmuebles que se verán afectados por estas ventas de forma más inmediata, dos de ellos en la provincia de Málaga como son el centro de internamiento de menores infractores (CIMI) San Francisco de Asís, en Torremolinos, y el solar en Hacienda Santa Isabel en Málaga, donde se proyectó en un principio un depósito judicial de vehículos pero que fue desechado finalmente y se optó por cancelar la licitación, que está ahora en fase de resolución.

Las otras dos sedes que saldrán a la venta en breve son San Miguel en Granada y la antigua sede judicial de la localidad sevillana de Marchena, que están en desuso tras la mudanza a un nuevo edificio.

Además de los 185 millones de la venta de patrimonio judicial que se vaya quedando sin uso, el departamento que dirige José Antonio Nieto prevé destinar más de 170 millones procedentes de recursos propios a este plan de modernización de sedes y llegar hasta los 700 millones recurriendo a la colaboración público-privada, mientras que otros 45 millones se sufragarán con la llegada de fondos europeos.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, avanzó que el plan prevé completar la red de ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas y se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, así como en otras grandes ciudades que tendrán sede nuevas como Marbella, Torremolinos, Jerez, Algeciras, Dos Hermanas o Roquetas de Mar, entre otras.

José Antonio Nieto subrayó los beneficios que aportará el plan a la Justicia andaluza y resaltó que «va a frenar el colapso al que irreversiblemente se encaminaba de no tomarse medidas tanto en lo referente a los edificios como en sostenibilidad y digitalización de los mismos para su modernización».

El consejero señaló que «no se trata solo de construir edificios, sino que supone la creación de un ecosistema que cree un entorno adecuado para quienes trabajan en el sistema judicial, por lo que no solo se va a tener en cuenta el ladrillo, sino la integración de servicios digitales, la sostenibilidad y eficiencia energética de las sedes judiciales».

El plan contempla más de 60 actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de actuaciones destinadas a sostenibilidad medioambiental de los inmuebles.