La Junta saca adelante el decreto de simplificación y la izquierda amenaza con los tribunales

La oposición de izquierdas no se limitó a expresar su oposición a esta norma, que modifica 176 leyes, decretos y reglamentos anteriores. Anunció que ahora dará la batalla en los tribunales para intentar conseguir su anulación.

El decreto fue defendido en un pleno singularmente bronco por el consejero de Presidencia y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz que vaticinó que con este decreto Andalucía se convertirá « en un lugar imbatible en toda España para invertir y crear riqueza».

El debate se enfrentó al grupo que sustenta al Gobierno y a los de la oposición en dos terrenos diferentes, el propio contenido del decreto y la forma en la que ha sido aprobado. Para los grupos de la oposición, una norma de semejante alcance debería haberse tramitado como proyecto de ley para permitir un debate sosegado y con la participación de los agentes sociales. También lamentaron el poco tiempo que tuvieron para analizar el contenido del decreto: apenas cinco días para un texto que entre el cuerpo principal y los apéndices suman unos dos mil folios.

En su intervención para defender el decreto, Sanz prefirió centrarse en el contenido de la iniciativa, que, aseguró entierra el «vuelva usted mañana de la etapa socialista y lo cambiamos por el sólo una vez y de una vez con la administración»

Para el consejero, se trata del plan de simplificación más ambicioso que jamás ha hecho una administración que permitirá «erradicar la lentitud en la tramitación, acabar con duplicidades, con la complejidad normativa, con la maraña administrativa y con los procedimientos farragosos».

Sobre los anuncios de la oposición de que recurrirán la norma en los tribunales, se limitó a asegurar que no suponen novedad, «porque recurren todo y no ganan nada».

José Ramón Carmona, que defendió el respaldo del Partido Popular, aseguró que las anteriores simplificaciones administrativas impulsadas por la Junta funcionaron y que esta también lo hará mejorando la vida de los ciudadanos.

El parlamentario socialista Josele Aguilar aseguró que se trata de un decreto «plagado de trampas y engaños» y que no es simplificador, sino desregulador. Además, criticó que el texto aplica el silencio positivo para los proyectos empresariales, pero cambio mantiene el silencio negativo para los ciudadanos. El PSOE, aseguró, no sólo votará en contra sino que también «Lo peleará donde sea necesario».

El resto de la oposición también tuvo que tirar de capacidad de síntesis para resumir en intervenciones de diez minutos su posición ante un decreto de 600 páginas. Para Inma Nieto, de Por Andalucía, su aprobación como decreto ha supuesto «un desprecio absoluto a la sociedad civil organizada» y vaticinó que los juzgados lo van a tumbar.

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, acusó al Gobierno de utilizar el decreto «para intentar colar todo lo habido y por haber».

Vox, por su parte, aseguró por boca de su diputado Ricardo López Olea y desde una postura opuesta a las anteriores que el Ejecutivo andaluz no tiene intención de hacer una simplificación normativa real.