La Junta pide retirar el decreto de ayudas de la PAC al «castigar» al sector agroganadero

El Gobierno andaluz ha pedido la retirada del Decreto de Transición de Ayudas Directas del Programa Agrario Comunitario (PAC) para 2021-2020 aprobado por el Gobierno estatal este martes al considerar que perjudica seriamente al sector agroganadero andaluz ya que «castiga al buen agricultor», según la consejera Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

La consejera puso de relieve que el rechazo a esta norma es compartido por todo el sector andaluz que verá comprometido su futuro ya que supone acelerar el proceso de transición para la convergencia de las nuevas ayudas de la PAC con «un cambio radical» que supondrá un grave perjuicio para estos profesionales.

Para frenar esta iniciativa, Crespo anunció que el Ejecutivo andaluz se va a movilizar y agotará todas las posibilidades, como por ejemplo «estrechar la interlocución con Portugal, que ostenta actualmente la presidencia de la UE para que el Gobierno de Pedro Sánchez decida dar marcha atrás en sus pretensiones.

La titular de Agricultura puso como ejemplo para reflejar las pérdidas para el sector agrario supondrá la transición que un olivarero con unas ocho hectáreas de cultivo pasará de recibir 16.500 euros anuales a 10.500 de estas ayudas, mientras que un agricultor del Bajo Guadalquivir con 15 hectáreas pasaría de percibir 20.000 euros a 16.000.

Esta reclamación de la Junta es apoyada por todo el sector, como así se recoge en un documento firmado con las organizaciones agrarias, que rechaza la decisión unilateral del Ministerio de Agricultura de acelerar el proceso actual «rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC».

Según Crespo, «lo que se plantea es una convergencia acelerada, multiplicada por cuatro, y en la que se eliminan límites máximos a reducciones, lo que tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces».

La consejera rechazó que desde el Ministerio se trate de imponer una tasa plana encubierta a través de este proceso acelerado de convergencia, por lo que solicitó que se mantenga el marco actual.

El retraso en los debates europeos ha obligado a demorar la entrada en vigor de la nueva PAC hasta el año 2023 y la aprobación de un período transitorio de dos años, cuyo reglamento permite a los Estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.