La Junta recupera los edificios que vendió en 2014 a un fondo de inversión y por los que paga 35 millones de alquiler al año

Este asunto se remonta al año 2014, cuando por falta de liquidez el Gobierno andaluz de entonces vendió en la modalidad de venta con arriendo posterior los edificios, de uso administrativo, a la empresa Inversiones Holmes, propiedad del fondo WP Carey, operación por la que ingresó 300 millones de euros que se destinaron a gasto corriente. Entre los inmuebles incluidos en la operación había sedes centrales de varias consejerías, delegaciones territoriales de la Junta en diferentes provincias, oficinas del Instituto Andaluz de la Mujer, oficinas de empleo o conservatorios, entre otras dependencias oficiales.

El acuerdo, firmado por la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, incluía un contrato de alquiler por 20 años (con fecha de caducidad en 2034) por el cual la Junta seguiría utilizando los inmuebles abonando una renta anual que se inició en 2015 con 28 millones de euros y que fue aumentando hasta llegar a los 35 millones de este ejercicio, lo que hizo un total en estos diez años de 278 millones en concepto de alquiler. Según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que este lunes explicó la operación de recompra junto a la consejera de Economía, Carolina España, la venta realizada en 2014 fue un acuerdo lesivo para los intereses de la Junta de Andalucía y parte de la «herencia envenenada» que recibió al asumir la presidencia del Gobierno andaluz.

Transcurridos los 20 años de contrato –es decir, en 2034- y después de haber pagado por alquiler un total de 708 millones de euros, la Junta tendría que negociar un nuevo precio para el alquiler de las sedes o buscar una alternativa para reubicar a más de 8.600 trabajadores de la Administración andaluza. En la Junta consideran que ello no hubiera resultado ni fácil, por la escasa disponibilidad de edificios de las características requeridas, ni mucho menos barato. A ello se suma que el fondo de inversión había adelantado su intención de iniciar un proceso de desinversión, es decir que la Junta debería haber llegado a acuerdos con otros propietarios. Moreno no dudo en calificar la operación como «claramente ruinosa» para las arcas de la Junta.

Como se estima que con la actualización por IPC la Junta habría pagado entre 2024 y 2034 unos 430 millones de euros, la operación ahora anunciada se habrá amortizado antes de diez años y además con un beneficio para las arcas públicas de 100 millones de euros. La Cámara de Cuentas ya estimó en 2017 que la operación de ventas de los inmuebles era perjudicial para las arcas públicas.

Moreno explicó que la compra de estos edificios, que se incluirá en un solo plazo en los Presupuestos de la Junta del año próximo, se enmarca dentro del plan estratégico de sedes administrativas anunciado antes del verano, uno de cuyos objetivos era ahorrar dinero en el pago de los alquileres que actualmente paga la Junta por sus sedes administrativas, que supera los 57,6 millones de euros al año. Con esta operación, la Junta ahorra más de 35 millones de euros cada año, lo que representa casi el 62% de los alquileres que actualmente está pagando. Esa cantidad, destacó, supone el sueldo de mil docentes o la construcción de diez colegios en un año.

En el Gobierno andaluz destacan que el acuerdo de recompra alcanzado con WP Carey pone fin a un problema vitalicio que se había creado la Junta de Andalucía por una mala decisión del Gobierno socialista, ya que el contrato firmado en la época de María Jesús Montero tenía cláusulas contrarias al interés de las cuentas públicas, ya que suponía pagar por el alquiler de dos décadas casi dos veces y media el dinero que se ingresó por la venta de los inmuebles.

Además, el contrato tenía una «cláusula suelo» por la que cada año la renta se subiría un 1,5%, con independencia de que el IPC fuera inferior o incluso negativo. El IPC acumulado desde 2014 ha subido un 21,4% y la cuantía de estos alquileres, un 25%.

Asimismo, el contrato establecía que los tribunales de Londres serían los encargados de dirimir cualquier conflicto entre propietario (Inversiones Holmes) e inquilino (Junta de Andalucía), a pesar de que los edificios estaban ubicados en territorio andaluz. Moreno aseguró no entender por qué se firmó esa cláusula.

También, según explicó el presidente, se hacía recaer en el arrendatario y no en el arrendador la mayor parte de los costes de mantenimiento de los inmuebles (por los que hasta la fecha se llevan pagados más de 10 millones de euros), así como las cuotas de comunidad correspondientes y demás tasas, además de la totalidad de los suministros.