La Junta se rebela ante el aviso de la ministra de Vivienda y no impondrá límites al alquiler

La ministra hacía así alusión a las medidas de control de alquileres en zonas tensionadas incluidas en esa norma y que varias comunidades, incluida Andalucía, cuestionan por considerar que invaden competencias autonómicas. De hecho, la Junta ha recurrido por este motivo la norma ante el Tribunal Constitucional, que actualmente estudia el recurso tras haberlo admitido a trámite. «Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la Ley», dijo la ministra. De momento, la única comunidad que está aplicando la norma es Cataluña.

Este viernes, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, apuntaló desde Cádiz la posición de la ministra y negó que pueda considerarse un «chantaje» condicionar los recursos que transfiere el Estado a las comunidades en materia de vivienda a que estas cumplan con la ley aprobada por el Gobierno.

«Si alguien llama condicionalidad o chantaje a que los recursos públicos vayan a quien lo necesita, entonces tiene un problema político y realmente no ha entendido por qué en este país la vivienda se ha convertido en un auténtico problema que los ciudadanos expresan y que el Ejecutivo está decidido a acometer con las otras administraciones», apuntó.

En este sentido, advirtió a la Junta de Andalucía que no puede «pretender no cumplir la Ley de Vivienda» o llevarla al Tribunal Constitucional (TC), cuando la falta de una vivienda es un problema que afecta a miles de ciudadanos.

Esta posición también fue secundada por el secretario general socialista, Juan Espadas, que aseguró que lo que el Gobierno de España está planteando a las comunidades autónomas «es que, o vamos todas de la mano, o lo que no puede ser es que se quieran recursos del Gobierno pero no se quieran asumir obligaciones a la hora de que efectivamente tengamos una estrategia común».

Pero desde la Junta, la situación se ve con un prisma muy diferente. La consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, calificó de inaceptables las manifestaciones de la ministra. «Son la prueba más clara del afán intervencionista del Gobierno de Sánchez –aseguró-. Es un chantaje a las comunidades autónomas para que nos sumemos a su propuesta intervencionista de la Ley de Vivienda».

Señaló que aunque Andalucía aplica las leyes, no se va a plegar ante medidas que no son de obligatorio cumplimiento como las zonas tensionadas o la limitación de los precios del alquiler por muchas amenazas que recibamos. En relación a los recursos que Rodríguez amenaza con no transferir, enfatizó que son partidas se la han ganado las comunidades autónomas por asumir la gestión de una competencia «tan sensible como es la vivienda».

«Además, estas medidas intervencionistas no sólo no las vamos a aplicar, sino que ni siquiera hay ayuntamientos que nos soliciten ponerlas en práctica en sus ciudades. Y es porque tenemos ejemplos claros en toda Europa de que estas políticas no funcionan y causan el efecto contrario al deseado: dispara los precios, retrae la oferta y desprotege al propietario», abundó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, calificó «un despropósito» y «un nefasto síntoma de anormalidad institucional que la ministra de Vivienda amenace a las comunidades autónomas con retirarles los fondos si no se cumple» con la Ley de Vivienda, que «evidentemente ha sido y está siendo un desastre». «Las leyes están para cumplirlas y nosotros cumplimos las leyes, pero hay políticas dentro de esa ley que se puede optar si se aplican o no se aplican», aseguró.