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El tratado sobre el estatus de Gibraltar posterior al Brexit, que en estos días el Gobierno de España negocia con el del Reino Unido, debería contribuir a equilibrar los niveles de renta en la zona. Esa es la aspiración de la Junta de Andalucía, que ... ha reclamado al Gobierno ser informada del contenido de esas conversaciones, que están ya en su recta final.
El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, se reunió este jueves en Sevilla con los alcaldes de la mayoría de los municipios de la zona -Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa y Castellar de la Frontera- y con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, para preparar el encuentro al que asistirán el próximo lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para tomar conocimiento del estado de estas negociaciones.
Moreno, que estará representado en esa reunión por su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, destacó que este posible acuerdo histórico, supone una oportunidad para reducir la brecha de renta que existe entre un territorio y otro -la de la colonia es casi diez veces superior a la de La Línea- que no se debe desaprovechar.
El presidente andaluz aludió en concreto al régimen fiscal especial del que disfruta Gibraltar, que a su juicio supone una distorsión que perjudica la capacidad de los municipios de la zona a la hora de competir. «Esa diferencia de riqueza, de prosperidad y de riqueza también tiene sobrevolar esa negociación», reclamó Moreno, que subrayó la necesidad de erradicar la brecha existente,
Tras reconocer que las competencias en materia de política exterior es exclusiva del Estado, el presidente recordó el derecho de la comunidad autónoma a ser informada de los tratados internacionales que afecten directa y singularmente a sus intereses, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. «Nadie discute las competencias del Estado, pero sí tener en cuenta la opinión de una zona donde viven 300.000 andaluces», dijo el presidente.
También recordó que el Gobierno andaluz ejerce una amplia gama de competencias que se pueden ver afectadas por el acuerdo, como las políticas activas de empleo, los asuntos medioambientales, los residuos, o la sanidad.
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