La Junta tiene en marcha procedimientos para recuperar 433 de los 680 millones defraudados con los ERE

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, dio cuenta este jueves en comisión parlamentaria de la marcha de estos procesos judiciales, con los que el Gobierno andaluz aspira a la recuperación de la totalidad de de lo defraudado, que según se concluyó en la sentencia de la pieza política de la macrocausa asciende a 680 millones de euros. Según Sanz, todas las vías posibles para la recuperación de los fondos -la administrativa, la penal y la contable- están abiertas y el Gobierno no va a renunciar a ninguna de ellas.

En concreto, explicó el consejero, por la vía de la revisión de oficio hay en marcha procedimientos con los que la Junta de Andalucía aspira a recuperar para sus arcas 129 millones de euros.

En esta vía administrativa están incluidas las reclamaciones realizadas por la Administración andaluza tras declarar la irregularidad de las pólizas suscritas para ayudas sociolaborales con la apertura de expedientes de reintegro contra estas. En este apartado el TSJA falló finalmente a favor de las aseguradoras.

Asimismo, hubo una revisión de oficio de ayudas a empresas concedidas de manera irregular. En estos casos, aunque el TSJA estimó inicialmente la irregularidad de muchas de estas subvenciones, consideró que no correspondía su devolución. Sin embargo, posteriormente, ante la opción de acudir al Tribunal Supremo, se concluyó que las revisiones de oficio eran conformes a derecho y se debían devolver las cantidades.

Hasta el momento se han tramitado 244 de estas revisiones a empresas por el total de 129 millones de euros

También está abierta la vía penal, por la que la Administración autonómica intenta recuperar 134,8 millones de euros. En estos casos, la Junta se reservó el derecho de ejercer sus derechos respecto a la responsabilidad civil por el importe total defraudado una vez dictadas sentencias penales condenatorias. Según explicó el consejero, existen 200 piezas judiciales y de estas sólo se han calificado de momento 78, de las que solamente se han dictado sentencias firmes en seis procedimientos. En las 122 piezas sin calificar la Junta de Andalucía no ha podido aún fijar su postura y hacer la reclamación de cantidades correspondiente.

Asimismo, a través de las denuncias presentadas ante el Tribunal de Cuentas, que entiende en casos de responsabilidad contable, existe la posibilidad de que vuelvan a las arcas públicas otros 169 millones de euros.

Sanz subrayó que el Tribunal Supremo ha definido el caso de los ERE como «el mayor escándalo de corrupción de la democracia», y señaló su rechazo a un posible indulto por parte del Gobierno a los condenados, que cerraría la vía a la recuperación del dinero defraudado. El Gobierno andaluz, aseguró, no renuncia a recuperar los 680 millones defraudados.