Los consejeros Antonio Sanz y Ramón Fernández-Pacheco, ayer tras el Consejo de Gobierno María José López / Europa Press
Política andaluza

La Junta plantea medidas para los guardias civiles del Estrecho ante lo que considera pasividad del Gobierno

Todas las consejerías estudiarán iniciativas para mejorar el nivel de vida de los agentes en ámbitos como la vivienda, el transporte o la educación

Martes, 14 de mayo 2024, 22:27

El asesinato en Barbate de los dos guardias civiles cuya embarcación fue arrollada por narcos sacó a la luz muchas de las dificultades cotidianas a las que se enfrentan los miembros de las fuerzas de seguridad en la zona del Estrecho. Además de las difíciles ... condiciones operativas, los agentes destinados en esa zona afrontan junto a sus familias difíciles condiciones de vida derivadas de la convivencia en un entorno difícil en el que se asientan los clanes dedicados al tráfico.

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Tres meses después de aquel suceso, y con críticas a lo que considera inacción del Gobierno de España, la Junta de Andalucía ha tomado la iniciativa de crear un grupo de trabajo destinado a estudiar medidas en su ámbito competencial que puedan contribuir a facilitar la vida de los agentes en cuestiones relativas a las competencias autonómicas como el transporte, la educación, la sanidad o el acceso al deporte o la cultura.

El grupo de trabajo, cuya creación fue aprobada en el Consejo de Gobierno de este martes, se enfocará durante las próximas semanas para analizar qué medidas se pueden adoptar para favorecer las vidas de los agentes y sus familias en relación a estos asuntos, según explicó el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz. Las medidas que se adopten podrán beneficiar a los 1.150 miembros de la Guardia Civil y los más de 700 policías nacionales que prestan servicio en en toda el áresa geográfica del Estrecho.

Los mismos efectivos

Aunque el consejero criticó que tras el asesinato de los guardias civiles el Ministerio del Interior no haya asignado más efectivos a la zona o creado de nuevas unidades para combatir al narcotráfico, señaló que la iniciativa de la Junta no va dirigida a confrontar con el Gobierno o a reclamar la adopción de medidas, sino a que el Ejecutivo andaluz pueda adoptar en el marco estricto de sus competencias. En el Gobierno andaluz consideran que pueden hacer mucho para mejorar las vidas de los agentes y sus familias. La iniciativa responde a peticiones realizadas por los propios agentes.

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Como ejemplos de las posibles iniciativas que se podrían aprobar desde la Junta, Sanz señaló la gratuidad de la educación infantil y los comedores escolares, la movilidad de los colegios, la bonificación de matrículas universitarias, el transporte público o la bonificación o gratuidad en el acceso a instalaciones deportivas o actividades culturales.

Las condiciones en las que trabajan los agentes en un marco tan complejo como el de la zona del Estrecho contribuyen hacen que ese destino pocas veces sea tomado como definitivo.

Para la Junta, estas medidas podrían ayudar a cambiar esa dinámica. «Queremos que sea su tierra, donde vivir con ventajas y seguridad», señaló.

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En un comunicado, la Junta señaló que debido a «su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, ha venido interviniendo en materia de seguridad bajo el amparo de los principios de cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones», así como que «siempre ha colaborado para contribuir a la mejora de la seguridad en su ámbito territorial».

El Ejecutivo andaluz descarta reclamar en los tribunales su derecho a ser informada sobre Gibraltar

El Gobierno andaluz no se plantea reclamar en los tribunales que el Gobierno le informe sobre el contenido de las negociaciones que mantiene con el Reino Unido sobre el futuro de Gibraltar a pesar de que considera que tendría derecho a hacerlo. La Junta no está ni mucho menos satisfecha con el contenido de la reunión que el ministro de Asuntos Exteriores, Jose Manuel Albares, mantuvo el pasado lunes con una delegación de alcaldes del Campo de Gibraltar y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Según Sanz, el ministro dio menos información de la que había ofrecido días antes en entrevistas periodísticas. El consejero recordó que el acceso a toda la información acerca de los tratados internacionales que afectan directamente a sus competencias, como es este caso, está reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que tiene rango de ley. Sin embargo, descartó que la Junta vaya a acudir a los tribunales para reclamar que se le informe. En su opinión, se trata de un asunto político que debe ser resuelto políticamente.

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