El plan andaluz para renovar juzgados: el municipio paga la instalación y la Junta se lo alquila

Tal y como se plantea desde la Junta de Andalucía, las dos administraciones, tanto las locales como la autonómica, saldrán beneficiadas de este esquema: las primeras tendrán un edificio que siempre conservarán en propiedad y recuperarán la inversión efectuada a cargo de su presupuesto y la segunda contará con un edificio nuevo para prestar servicios a la ciudadanía.

Justicia está en conversaciones con ayuntamientos de toda la comunidad que ya han dado sus frutos en varios municipios; por ejemplo, en el almeriense Roquetas de Mar, que fue el pionero: allí se levantará el primer edificio judicial con esta fórmula de colaboración público-pública, es decir, entre las dos administraciones. Y a él se ha sumado al menos otro en las últimas semanas: Carmona (Sevilla). En este último municipio los juzgados ocupan un edificio histórico del siglo XVIII con problemas de accesibilidad y obsolescencia que requieren la construcción de uno nuevo. Y podría incorporarse además Jerez de la Frontera (Cádiz).

En Málaga, la primera localidad en ser partícipe de esta iniciativa ha sido Torrox. La pasada primavera el consejero José Antonio Nieto visitó el municipio y mantuvo un encuentro con su alcalde, Óscar Medina, en el que se abordó su mutua colaboración para la futura sede judicial ubicada en la localidad, cuya construcción se anticipó que sería «inminente» y ya hay compromiso adquirido entre las dos administraciones para que esté lista en un plazo de tres años aunque aún no ha trascendido el acuerdo de financiación. Y hay un segundo municipio de la provincia que también está en conversaciones con la Junta para replicar este mismo modelo para la renovación de las instalaciones judiciales de la comunidad: Fuengirola. Y no se descarta que la propia capital pueda participar de idéntico esquema.

Según argumentan fuentes de la consejería de Justicia, de las alrededor de 152 sedes judiciales existentes en todo el territorio andaluz, apenas un tercio están en perfectas condiciones, mientras que otro tercio requiere un mayor o menor grado de intervención, y un último tercio sería el que necesitaría una renovación completa. De esta manera, se deduce que serían alrededor de una cincuentena los juzgados pendientes de construcción total en el conjunto de la comunidad. Aunque se prevén actuaciones en todas las demás sedes, en función de sus necesidades, por ejemplo para mejorar la eficiencia energética o la accesibilidad.

De acuerdo con los cálculos efectuados por la Junta de Andalucía, las actuaciones que se consideran necesarias en las infraestructuras judiciales en Andalucía para mejorarlas y adecuarlas a las necesidades actuales requerirían un presupuesto de 1.000 millones de euros, cifra que se ve imposible de abordar a pulmón a cargo del presupuesto autonómico. De ahí que se esté pensando en otras alternativas, que no pasan únicamente por este modelo de financiación a costa de los presupuestos municipales. También se contempla la posibilidad de contar con inyecciones procedentes de los fondos europeos –que no pueden usarse para todos los casos, sólo en determinados municipios y tipo de infraestructuras–, así como con la colaboración de los presupuestos de la propia Junta, porque desde el Gobierno autonómico también son conscientes de que habrá consistorios que no podrán hacer frente a la inversión necesaria para levantar los nuevos edificios que se requieren.

Fuentes de Justicia de la Junta se quejan de que en los últimos 26 años en que esta competencia se ha transferido a las administraciones autonómicas, sólo se había actuado en 22 tribunales de Andalucía, es decir, en apenas un 14% de las instalaciones autonómicas que forman parte de la judicatura. Hace un año, el consejero del ramo presentó la Estrategia Justicia Andalucía 2023-2030 y anunció que incluiría una planificación de las actuaciones a acometer en materia de infraestructuras, que primaría las ciudades de la Justicia de las capitales –aunque la de Marbella cuenta ya con anteproyecto–, así como una segunda red de sedes en ciudades medianas, sin olvidar los municipios que en los que se observan necesidades de actuaciones urgentes.