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El Gobierno de la Junta de Andalucía acudirá al juez si tuviera que confinar una de las 12 grandes ciudades de más de cien mil habitantes a las que les afecta las medidas de restricción de movilidad del Ministerio de Sanidad tumbadas por el ... Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según fuentes del entorno del presidente, Juanma Moreno. Por ahora ninguna de las grandes ciudades andaluzas superan los parámetros para adoptar restricciones de movilidad, pero el Gobierno andaluz reconoce la «grave inseguridad jurídica» en la lucha contra la pandemia que genera la sentencia del alto tribunal madrileño, que considera el confinamiento de la capital de España y de otras diez ciudades de esta comunidad «una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare». Sin estar en estado de emergencia y sin norma amparada por el Congreso, el tribunal cree que la orden del Ministerio de Sanidad y la Ley de Salud Pública vigente no sirven de asidero a los confinamientos.
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El auto del tribunal madrileño pone en un aprieto al Gobierno andaluz, que ha ordenado el confinamiento de tres municipios en los que la incidencia ha superado los parámetros recomendados por Sanidad, en concreto de Casariche, Almodóvar del Río y Linares, este con casi 60.000 habitantes. Moreno apela a que los confinamientos andaluces no están sujetos a la orden de Sanidad para las grandes ciudades, sino a las competencias delegadas a la Junta para adoptar decisiones sobre la pandemia. También a que la restricción de movilidad en estos municipios se ha hecho con un cribado de test masivo primero, análisis de los comités provinciales sobre la situación y una vez comprobado que la proporción de positivos es mayor de los 500 casos por 100.000 habitantes, se ha procedido a dialogar con los alcaldes para acordar el cierre perimetral de los municipios y medidas de confinamiento de sus habitantes durante diez días al menos.Ahora bien, el ejecutivo de PP-Cs reconoce que la sentencia del TSJM abre la puerta a que pudiera ocurrir lo mismo en Andalucía si se presentara una denuncia y un tribunal decidiera voltear su orden de confinamiento.
Una situación de inseguridad jurídica de la que el presidente culpa al Gobierno central, por no haber llevado a cabo una normativa global como varias comunidades le han demandado y por falta de diálogo. Por ello, en la próxima Conferencia Interterritorial de Salud del Gobierno, la Junta pedirá al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que «reconsidere su posición, oiga y escuche a las comunidades autónomas para que de una manera consensuada se adopte una decisión que sea para el conjunto de los municipios«, ha declarado el presidente en declaraciones a los periodistas en el Parlamento.
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A la inseguridad jurídica se une el temor a que la diáspora de madrileños en el puente del Pilar llegue a Andalucía, aunque tenga más cerca comunidades como Castilla-León y Valencia, a las que desde Andalucía se ven en una situación «más dramática» con la sentencia. El Gobierno de la Junta, de PP y Cs, ha pedido al de Madrid, también con los mismos partidos, que aconseje a los madrileños a no viajar fuera de su comunidad. Moreno, según fuentes de la Junta, ha hablado con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como también con otros mandatarios autonómicos y entiende sus razones, sobre todo la petición de controles en el aeropuerto y en las estaciones de tren para todo viajero que entra a la capital de España. «Si voy a Milán me hacen un PCR, pero aquí puede venir todo el mundo de donde quiera», sugieren estas fuentes.
Por su lado, para la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, lo ocurrido en Madrid es «una demostración de que no se puede hacer política con la salud de la gente», en alusión a la confrontación del ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la contención de la pandemia en la capital de España. Acusa a Díaz Ayuso y a Moreno Bonilla de que en esta oleada de coronavirus «se les haya ido de las manos y todo por no haber tenido la generosidad de que con la salud de la gente no se puede hacer política»
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