La Junta se fija el objetivo de zanjar cuanto antes la polémica sobre la atención primaria

Después de la firma del Pacto Social por el Impulso de Andalucía, el Gobierno andaluz tiene que desarrollar ahora con las organizaciones que lo han suscrito- la CEA y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras- todos los apartados incluidos en ese acuerdo marco. El más importante es el Pacto Andaluz por la Atención Primaria, que fija un compromiso presupuestario mínimo de 3.370 millones de euros anuales destinado a ese fin.

Las partes tienen que abordar ahora cómo se materializa el acuerdo y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que tiene entre sus competencias de su departamento el Diálogo Social, dijo este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta dará las máximas garantías de que no va a avanzar en un proceso de privatización o de concertación de ese servicio.

Ya la semana pasada la Consejería de Salud publicó en el BOJA una corrección de la orden por la que se fijan las tarifas de concertación de los servicios sanitarios en la que se ampliaba el texto inicial para indicar que tal concertación de servicios sólo se haría en caso de necesidad para garantizar su prestación y que en todo caso se garantizaría su naturaleza pública.

Esta publicación no ha convencido a los sindicatos, que mantienen las convocatorias de sendas protestas para los días 16 y 25 de marzo a pesar de haber suscrito el pacto social que lleva incluido el de la atención primaria. La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, señaló este martes en su cuenta de Twitter que mientras no se materialice lo acordado, lo que incluye el aumento presupuestario y cambios normativos que garanticen que no habrá privatización, las protestas seguirán en las calles.

Sanz avanzó que el mantenimiento de la convocatoria de estas protestas no serán un obstáculo para que se avance en la concreción del pacto. Aseguró que en los próximos días se trasladarán propuestas con independencia de que haya o no manifestaciones. «A diferencia de lo que sucedía con gobiernos anteriores, para sentarse con nosotros no hay que desconvocar las protestas, respetamos la libertad de cada uno», dijo el consejero, que adelantó que el Gobierno seguirá aclarando cuáles son sus intenciones con la sanidad primaria si los firmantes del pacto no están satisfechos con las explicaciones dadas hasta ahora.

Acerca de la fórmula que se arbitrará para ofrecer estas garantías, Sanz no descartó que el Gobierno andaluz firme un decreto vinculado al pacto que dé seguridad a todas las partes, cuyo rango sería superior al de la orden por la que se fijan las tarifas de los conciertos.

Sobre las medidas mediante las que se aplicará el aumento de recursos económicos para la atención primaria que figura en el pacto, con el que se alcanzaría al menos el 25 por ciento del presupuesto sanitario o al menos 3.370 millones de euros, Sanz explicó que también deberán concretarse en las conversaciones ya abiertas con los firmantes del pacto, y aunque no descartó que, de ser necesario, haya que ir a modificaciones presupuestarias, matizó que la cifra acordada es de ejecución anual.

Para el consejero, el pacto social suscrito este lunes marca una diferencia con otras etapas, ya que tiene calendario y presupuesto garantizados, lo que a su juicio suponen cuestiones clave para darle credibilidad a lo firmado.

Explicó en ese sentido que la intención del Gobierno andaluz es que se mantenga una comisión de seguimiento para que haya una vigilancia constante y periódica.