La Junta nombra Comisionado para la Concordia a Francisco Javier Arroyo con el rechazo de PSOE-A y Adelante

La Junta ha nombrado Francisco Javier Arroyo Navarro como nuevo Comisionado para la Concordia según una resolución de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, designación que han rechazado frontalmente PSOE-A y Adelante Andalucía.

El nuevo Comisionado para la Concordia sustituye a la figura del antiguo director general de Memoria Democrática y tendrá como misión principal la redacción de la nueva Ley de Concordia, texto que derogaría la actual Ley de Memoria Democrática y que es una de las exigencias de Vox como socio del Gobierno de PP-A y Ciudadanos.

El acuerdo por unanimidad para sacar adelante esa nueva ley se presume difícil después de las críticas con las que PSOE-A y Adelante Andalucía han acogido el nombramiento de Francisco Javier Arroyo, funcionario del cuerpo superior de administradores civiles del Estado y consejero de Turismo de la embajada de España en varios países de Sudamérica durante los gobiernos de Mariano Rajoy, además de otros destinos administrativos como secretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Ambas formaciones han censurado tanto el momento, en plena crisis por el coronavirus, como la forma del Gobierno andaluz en la designación del nuevo comisionado, cargo que tendrá rango de director general en el organigrama de la Consejería que dirige Patricia del Pozo.

Los socialistas consideran que el nombramiento se ha producido por la «puerta de atrás, sin participación ni transparencia» y que el perfil del elegido «no tiene experiencia ni capacitación« en políticas de memoria histórica y democrática, según el portavoz parlamentario del PSOE-A en materia de Cultura, Javier Fernández.

A su juicio, «se ha puesto cara y rostro al desmantelamiento de las políticas de memoria histórica y democrática de Andalucía que se ha ido produciendo a fuego lento, recortando presupuesto, personal, sin ninguna iniciativa nueva, sin ejecución y ahora con esta designación», según ha abundado.

El parlamentario socialista lamentó que no se hay tenido en cuenta a las asociaciones memorialistas para un puesto que necesita de mucha interlocución con universidades, historiadores, investigadores, arqueólogos y antropólogos y que levanta muchas sensibilidades, al tiempo que expresó su temor por el hecho de que el nombramiento haya sido solo consensuado por el Gobierno con su socio Vox.

Por su parte, Adelante Andalucía denunció el nombramiento que se ha producido «con nocturnidad y alevosía» para intentar tapar una nueva concesión a Vox, según la parlamentaria de esta formación Ana Naranjo, que ha añadido que con ello se pone de relieve «la nula intención del Gobierno de las derechas por desarrollar políticas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo«.

Además, criticó también por que no se haya consultado ni a la oposición, ni a las asociaciones de memoria histórica y democrática de Andalucía en lo que «es un nuevo paso en la hoja de ruta del Gobierno andaluz con la ultraderecha y contra los principios de verdad, justicia y reparación«, subrayó.

Ana Naranjo arremetió contra el nuevo comisionado por haber estado vinculado a gobiernos del PP y por su formación que «no entendemos cual puede ser su aportación a los derechos de verdad, justicia y reparación«, precisó.

Por último, la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática mostró también su «decepción» por no haberse consensuado esta designación política con las entidades memorialistas, por lo que sostiene que «pueda ser una nueva concesión a la ultraderecha de Vox«, denunciaron en un comunicado.